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Muere mientras practicaba senderismo en el Monte de las Cenizas de Portmán

Un hombre de 46 años murió ayer domingo mientras practicaba senderismo en el Monte de las Cenizas de Portmán, en el municipio de La Unión. Al parecer, podría haber sufrido un infarto, según fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias. El fallecido iba acompañado de otro hombre, que fue quien alertó al 112 de la indisposición de su compañero a las 10.56 horas de ayer y pidió ayuda.

Hasta el lugar del suceso se desplazó un helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias con un grupo de rescate, así como efectivos de Bomberos, Policía Local, Guardia Civil, Forestal, además de personal sanitario, que intentó, sin éxito, llevar a cabo la reanimación cardiopulmonar del senderista fallecido.

Policías y ladrones acaban la persecución con sus coches en un barranco

Robaron un coche hace una semana en la urbanización Camposol de Mazarrón y se pasearon en él con toda la tranquilidad del mundo. El plan parecía haber salido perfecto, ya que incluso cambiaron las matrículas del vehículo para no levantar sospechas. Pero en la madrugada del pasado sábado todo se torció. Cuando menos lo esperaban se toparon con un control rutinario de la Policía Local, donde les dieron el alto. Los delincuentes emprendieron la fuga.

La persecución arrancó sobre las tres de la madrugada y culminó con los dos coches en el fondo de un barranco. No hubo herido alguno de milagro, ya que ambos vehículos se precipitaron desde una altura de siete metros, según informa La Verdad. Los cacos aprovecharon el siniestro para huir a la carrera campo a través. Lo hicieron mientras los policías trataban de salir del coche patrulla, donde quedaron atrapados.

Fue imposible localizarlos debido a la falta de luz. Desde la madrugada del sábado, un operativo compuesto por agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil buscan al conductor y a los ocupantes del Ford C-Max, que previamente robaron, y que terminó en un barranco durante la persecución policial.

El conductor no quiso parar ante el alto policial y huyó a gran velocidad por la carretera que une las pedanías de La Majada y Gañuelas. La patrulla se dispuso a perseguirlos para que los supuestos cacos, al parecer de origen marroquí, no escaparan. Tras varios minutos de alocada huida, los ladrones perdieron el control del Ford en una curva y cayeron al vacío.

“El proyecto estrella de viviendas protegidas de Barreiro ha acabado en fracaso”

La gran mayoría de las 1.800 nuevas viviendas protegidas que anunció hace varios años la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, se han ‘perdido’ por el camino. Gran parte de ellas estaba previsto construirlas en El Molinete y en Molinos Marfagones. Según Socialistas por Cartagena (SPCT), a inicios de 2008, curiosamente a unas semanas de la celebración de las elecciones generales, la alcaldesa presentó a bombo y platillo, por enésima vez, su proyecto estrella en materia de vivienda protegida. El proyecto consistía en la construcción de 1.800 viviendas, un colegio, una zona comercial e instalaciones deportivas.

“Casi siete años después, el proyecto ha fracasado totalmente y además puede suponer para los ciudadanos de Cartagena un perjuicio económico importante. Hay que recordar que el Ayuntamiento de Cartagena a través de la Sociedad Casco Antiguo S.A. participa en los beneficios y en las cargas de la mercantil Cartagena Joven S.L. con un 9%”, según SPCT.

Esta formación política exige a Barreiro que explique públicamente a cuánto asciende la deuda hipotecaria que tiene contraída la empresa promotora y por tanto cuál es la responsabilidad hipotecaria que asume el Ayuntamiento al ser avalista de los créditos hipotecarios de las viviendas que no se han vendido a día de hoy, “que tal y como reconoce el propio presidente de la entidad ascienden al 60% de la primera fase del proyecto”. Además lanza la siguiente pregunta: ¿puede Barreiro garantizar que el fracaso del proyecto no va costar dinero a los cartageneros?”.

Por otra parte, SPCT también pregunta qué plan tiene proyectado el Ayuntamiento para dar cobertura sanitaria y educativa a los residentes del residencial puesto que las perspectivas de realización de equipamientos sociales son tan negras como la de la construcción de viviendas.

Socialistas por Cartagena quiere saber si en los 22 millones de euros de deuda de Casco Antiguo S.A. que ha reconocido la concejal de Hacienda, Fátima Suanzes, está incluida la deuda de este residencial. “Desde SPCT hemos venido advirtiendo en reiteradas ocasiones que el proyecto nació viciado desde el principio puesto que el equipo de Barreiro desde 1995 no había tenido política de vivienda protegida en el municipio y quiso con un macroproyecto sacar pecho en esta materia tan sensible”, indica la formación.

SPCT Añade que “lo cierto es que el Ayuntamiento fue vendiendo las parcelas resultantes del 10% de aprovechamiento urbanístico de las unidades de actuación que se desarrollaron en distintos puntos del término municipal en la época de bonanza económica y al quedarse sin suelo público inició un proyecto fallido y disparatado en un secarral recalificado. La política de suelo público del Gobierno Barreiro ha sido un fiasco absoluto, y las pocas actuaciones del Ayuntamiento se cuentan por fracasos. Fracaso en las parcelas del Molinete, fracaso en Molinos Marfagones, fracaso en el Hondón y menos de 200 viviendas protegidas construidas en 20 años de Gobierno”. 

La edil Alicia Barquero utiliza un coche municipal para fines privados

No es la primera vez que un político utiliza recursos públicos en provecho propio sin incurrir necesariamente en la ilegalidad, aunque sea un comportamiento dudosamente ético. Esa desviación también ocurre en el Ayuntamiento de Murcia que gobierna el PP y que preside Miguel Ángel Cámara con el desparpajo que le caracteriza. Alicia Barquero, concejala de Políticas de Igualdad y Cooperación al Desarrollo, utiliza un coche de titularidad municipal para ir a su trabajo particular, como ha podido comprobar Elpajarito in situ y contrastado en fuentes del Consistorio. Además del vehículo, un conductor, también empleado municipal, lleva y trae a la concejala al centro educativo donde desempeña su trabajo principal.

La edil Barquero, que no tiene la condición de ‘liberada’ en el Ayuntamiento y solo cobra del erario público por su asistencia a los plenos y las distintas comisiones, trabaja en el Instituto Floridablanca, ubicado en el barrio Infante Juan Manuel de Murcia, y ejerce su labor en el programa de Pedagogía Terapéutica del departamento de Orientación Educativa. Según ha constatado este periódico, a la concejala la llevan y la traen en un vehículo Toyota modelo Prius que forma parte del parque móvil del Ayuntamiento.

Del PP de toda la vida

La edil, de 27 años, es funcionaria de carrera del cuerpo de Maestros –diplomada en Magisterio de Educación Especial y licenciada en Psicopedagogía por la Universidad de Murcia–, y puede decirse que lleva al PP prácticamente en los genes. De hecho, tanto el padre de la concejala, Patricio Barquero, como su madre, Alicia Sánchez, han desempeñado y ostentan algún tipo de responsabilidad activa en el partido, especialmente en la pedanía de Javalí Nuevo. Sin ir más lejos, la madre ejerce ahora de alcaldesa pedánea en esa población y con alguna frecuencia ha formado parte, durante el presente mandato del alcalde Cámara, de la clá popular en las pajareras del salón de plenos.

En el currículum de la concejala Alicia Barquero figura también el título de Reina de la Huerta 2007. Su reinado de la belleza huertana puso el foco también en la pujanza de las tradiciones folklóricas en la pedanía. Con ese bagaje y por sus otros méritos propios, la joven Alicia Barquero desembarcó en la lista municipal del PP en las últimas elecciones y salió elegida.

Pero ese poderío familiar en el partido y su influjo en las tradiciones folklóricas de Javalí Nuevo, aprovechando también recursos municipales, ha generado controversia en los últimos tiempos. Así, Elpajarito recogió la polémica cesión de terreno del Ayuntamiento para la faraónica construcción de la sede de la peña huertana La Contraparada, que invadió un jardín público de la pedanía y provocó la intervención de la Guardia Civil y de la Fiscalía tras la denuncia del grupo socialista. Quedó en evidencia entonces el supuesto descontrol del concejal de Obras y Servicios, José Arce, sobre el aprovechamiento de las peñas huertanas de los terrenos cedidos "en precario" por el Ayuntamiento para sus actividades.

Marcha en Murcia contra el "ataque a la libertad de expresión y reunión"

La concentración del sábado por la tarde en la plaza de la Glorieta de Murcia en contra de la ‘ley mordaza’ supuso una cierta catarsis colectiva para varios centenares de personas que quisieron mostrar su hartazgo no sólo por esta ley sino por las políticas de restricción de derechos y libertades decretadas por el Gobierno del Partido Popular en estos años. Miles de personas, en una treintena larga de ciudades de España, dejaron claro también su rechazo absoluto a una legislación considerada reaccionaria y antidemocrática.

Movimientos sociales de toda índole como los Yayoflautas, Greenpeace, la PAH, CGT o las plataformas Pro-Soterramiento y Anti Represión acudieron a la convocatoria  de protesta como muestra de su rechazo ante "el ataque directo a la libertad de expresión y reunión", sufrido en algunos casos en primera persona por miembros de estas organizaciones. Numerosos miembros de partidos políticos de la izquierda también estuvieron presentes en el acto con su compromiso de derogar la ley "si el cambio político llega".

Miembros de la Plataforma Pro-Soterramiento, que han sufrido en sus carnes el acoso de la Policía y la represión de la Delegación del Gobierno en forma de sanciones, volvieron a dejar claro también su mensaje en contra de la llegada a Murcia del AVE en superficie.

El sentir ciudadano se expresó con numerosas pancartas, la principal bajo el lema "Si tocan a uno/a nos tocan a todos/as", y cánticos al unísono con frases como "abajo la ley de represión" o "el pueblo unido jamás será vencido". También hubo profusión de cintas adhesivas tapando las bocas de muchos de los allí concentrados, en simbólica repulsa por la vuelta de tuerca del gobierno de Rajoy en contra de la libertad de expresión.

Una ley que "hace legal lo que ahora es ilegal"

La llamada ‘ley mordaza’, cuyo nombre oficial es de Protección de la Seguridad Ciudadana, ha sido aprobada recientemente en el Congreso de los Diputados en solitario por la mayoría absoluta del PP y en desacuerdo de toda la oposición. La nueva ley, que sigue su trámite en el Senado, supondrá un incremento de las infracciones relacionadas con la libertad de expresión, asociación y reunión, que irán de los 600 euros hasta los 300.000 euros. La sanción por la desobediencia pacífica a la autoridad y por realizar una asamblea en un espacio público, autorizar redadas preventivas sin necesidad de que haya alteración de la seguridad o legalizar escuchas sin permiso judicial, son algunas de las medidas que contempla esta norma represiva.

Otro de los aspectos más controvertidos de la ley son las "devoluciones en caliente" de los inmigrantes, que violan sistemáticamente la legislación europea, la Constitución y diversos tratados internacionales, según organizaciones como Amnistía Internacional, el Consejo de Europa, la OSCE y hasta la propia Comisión Europea, que ha manifestado directamente al Gobierno de España su desacuerdo con la nueva norma.

"Esto nos pasa por tener un gobierno facha"

La plataforma "No somos delito", convocante del acto, dio lectura al manifiesto para denunciar "el salto atrás que supone esta ley en la conquista de derechos conseguidos". Sin ganas de dar por terminado el acto tras la lectura del manifiesto, la concentración se convirtió en una manifestación. Los asistentes iniciaron un recorrido pacífico por calles céntricas de Murcia como Trapería –donde se llevó a cabo una sentada de varios minutos–, la Plaza Romea y Gran Vía al grito de "No nos mires, únete" y otros que llamaron la atención de transeúntes, paseantes y grupos festivos. Muy significativo fue el gesto de sorpresa de algunos habituales del Casino al escuchar otro de los lemas más repetidos: “Esto nos pasa por tener un gobierno facha”.

La plaza Martínez Tornel fue el punto final de la manifestación improvisada. Vigilando de cerca, la Policía permitió el paso de los manifestantes por la Gran Vía sin mayores problemas, y durante una media hora la circulación de vehículos permaneció interrumpida por el paso de los asistentes. Otra sentada de un centenar de personas cerca ya del Puente Viejo despidió el acto, con los ánimos dispuestos a no dejar caer en el olvido la escalada represiva del Gobierno y "seguir en la lucha".

IU espera saber en el pleno qué se ha hecho con el dinero cobrado en Calblanque

Izquierda Unida-Verdes de Cartagena se interesó ayer, a través de una serie de preguntas presentadas para que el gobierno local del PP las conteste en el pleno del próximo martes, por el resultado de la campaña de cobro por aparcar en los espacios destinados a tal fin en el Parque Regional de Calblanque, Peña del Águila y Monte de las Cenizas (4 euros por vehículo). Una recaudación que la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma encomendó a una empresa privada.

“Por ello, y porque la formación de izquierdas tiene entre sus intereses prioritarios en relación a dicho parque la correcta gestión del mismo y la preservación de sus valores ambientales, etnológicos y culturales, la concejala María Rosa Mateo ha preguntado sobre la cantidad recaudada en dicho concepto de aparcamiento, qué obras se han realizado en el parque con los fondos obtenidos y, en caso de haberse hecho alguna, quién ha redactado los pliegos de condiciones y de adjudicación y responsabilizado de vigilar el cumplimiento de lo estipulado”, informa IU-Verdes.

Malestar por la acumulación de basuras en el casco antiguo y la mala imagen que da

Izquierda Unida-Verdes de Cartagena, recogiendo el malestar de muchos ciudadanos, comerciantes y hosteleros del centro de la ciudad y por su propia convicción de lo que debe ser una ciudad que pretende enfocar buena parte de su economía en el sector turístico, pidió ayer al equipo de gobierno local del PP que evite “la mala imagen que la acumulación de basuras produce en el Casco Antiguo. Una imagen lamentable que se une a la que proporcionan los numerosísimos solares y bajos comerciales cerrados y abandonados que proliferan en el centro histórico”.

Para la formación de izquierdas, la solución es “bastante sencilla y ya fue realizada con éxito hace algunas décadas. Esta no es otra que incrementar la frecuencia del servicio de recogida de basuras por parte de la empresa concesionaria de dicho servicio municipal para evitar así la acumulación de basuras y los malos olores y otros problemas derivados de la misma. De hecho, esa es la opinión mayoritaria de vecinos, comerciantes y hosteleros afectados por este problema de tan fácil solución siempre que el equipo de gobierno local del PP demuestre que de verdad le interesan los problemas de los ciudadanos y la imagen del municipio en el ámbito turístico”.

Una solución que, según IU-Verdes, no sería muy gravosa para la empresa, máxime cuando el gobierno del Partido Popular tiene la intención de incrementar el coste de la tasa de recogida de basuras en un 5% para el próximo año 2015.

Exigen la licitación urgente de la ampliación del colegio Virgen de Guadalupe

Los concejales del Ayuntamiento de Murcia Susana Hernández (PSOE) y Nacho Tornel (IU-Verdes) han solicitado al gobierno local del PP que reclame a la Consejería de Educación –también en manos del PP– que cumpla los compromisos adquiridos con el CEIP Virgen de Guadalupe y las familias afectadas, y de forma inmediata, licite las obras de ampliación de este centro educativo, garantizando que los alumnos de infantil puedan iniciar el próximo curso en el nuevo módulo.

A principios de este curso escolar, recuerdan los dos ediles, los padres y madres intensificaron las protestas que mantienen desde hace años denunciando una situación insostenible, ya que el colegio, con barracones, sufre una gran masificación, con más de 700 alumnos ocupando un colegio diseñado para albergar a menos de la mitad, además de que no está adaptado ni para hacer frente a las altas temperaturas ni mucho menos para el frío.

Ante la falta de soluciones, los ediles del PSOE e IU-Verdes reclaman actuaciones al Ayuntamiento de Murcia y a la Consejería de Educación. Hace apenas tres meses, ambas formaciones políticas plantearon la construcción de un nuevo colegio en la pedanía  para poner fin a los problemas derivados de la masificación.

Aquella moción fue rechazada argumentando por parte de la concejal responsable de Educación que la Consejería ya tenía el dinero consignado para la obras de ampliación de aulas de Infantil y que el Ayuntamiento iba a facilitar el solar. De hecho, la Comunidad llegó a anunciar públicamente que las obras se iban a licitar en octubre para acabar a los padres. Está acabando el trimestre y aún no hay nada –lamentan Hernández y Tornel- quienes denuncian que, de nuevo, “las promesas se han quedado en saco roto y muchos pensamos que, de seguir así, el próximo curso volverán a repetirse los mismos problemas”.

“Lo decíamos entonces y lo volvemos a decir hoy –finalizan los concejales del PSOE e IU-Verdes– esta situación es consecuencia de la política de recortes y abandono por parte del PP hacia la educación pública”. 

Querella contra Valcárcel y Garre por incumplir la ley de renta básica

El sistemático incumplimiento de la Ley de Renta Básica de Inserción durante siete años por parte de la Administración regional llega a los tribunales. Ayer, el secretario general de los socialistas murcianos, Rafael González Tovar; la portavoz del grupo parlamentario socialista, Begoña García Retegui, y el viceportavoz, Joaquín López Pagán, presentaron una querella ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia, en la que acusan de un supuesto delito de prevaricación pasiva al presidente del Gobierno regional, Alberto Garre, y a su antecesor en el cargo, Ramón Luis Valcárcel, por no haber desarrollado el reglamento de la ley. Esa omisión impide, según el PSOE, que numerosas familias murcianas que se encuentran en un estado de gran necesidad estén percibiendo esa ayuda económica.

La Ley de Renta Básica aprobada en 2007 establecía un límite máximo de dos meses en la tramitación de las ayudas, pero la falta de presupuesto de la Comunidad bloquea las solicitudes incluso más de un año. A finales de 2013 había 2.775 peticiones pendientes de resolución, según un informe del Ministerio de Sanidad.

Todas las opciones políticas estaban agotadas, según el PSOE, pues sus iniciativas parlamentarias no han conseguido que la Comunidad desarrolle el reglamento. De este modo, los socialistas han dirigido su acción legal por la vía penal ya que, recuerdan, existen dos resoluciones del Defensor del Pueblo también incumplidas.

“Denunciamos a Valcárcel y a Garre por prevaricación, por entender que a pesar de las muchas reclamaciones ciudadanas y las numerosas iniciativas parlamentarias del grupo socialista reclamando el desarrollo parlamentario de la ley, han eludido su responsabilidad y han atentado contra los intereses de los murcianos y murcianas que más ayuda necesitan”, indicó González Tovar.

Peor y menos que nadie

La renta básica de inserción es una ayuda destinada a familias sin recursos. En la Región alcanzó el año pasado a 4,66 personas por cada 1.000 habitantes, una cifra muy inferior a la media nacional, situada en 13,5 beneficiarios por 1.000 habitantes, y sitúa a Murcia a la cola de España. Solo Castilla-La Mancha (2,73) y Extremadura (2,89) ofrecieron una menor cobertura de este subsidio. Los datos están recogidos en un informe del Ministerio de Sanidad que se hizo público el mes pasado.

La Región no solo registra datos muy alejados de la media en cobertura, sino también en las cantidades que reciben las familias sin recursos a las que va destinado el subsidio. La ayuda base (300 euros) es la más baja de España, algo que las ONG, el Colegio de Trabajo Social y los partidos de la oposición llevan denunciando desde hace años. La cifra de la Región está muy por debajo de los 418,58 euros que, de media, cobran las personas en riesgo de exclusión en España.

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