Mar22072014

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La Región afronta un fin de semana tórrido con temperaturas de hasta 38 grados

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) amplia a casi toda la Región la alerta amarilla por temperaturas de hasta 38º este fin de semana, según la información publicada en su web.

En concreto, estas temperaturas se alcanzaron ayer en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, Vega del Segura, Altiplano y Noroeste desde las 14.00 hasta las 20.00 horas.

Igualmente, para este sábado está previsto que las temperaturas puedan llegar a los 38 grados en Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y Vega del segura y hasta los 36 grados en Campo de Cartagena y Mazarrón, entre las 13.00 y las 19.00 horas.

Por ello, también este sábado hay nivel de riesgo amarillo para esas zonas durante la referida franja horaria.

Para evitar problemas en la salud relacionados con el calor, desde el Centro de Coordinación de Emergencias se recuerda la necesidad de beber agua con frecuencia, sin esperar a tener sed, procurar que lo hagan niños, ancianos y personas enfermas y no consumir bebidas alcohólicas.

Además de permanecer en lugares frescos, evitar salir a la calle en las horas de más calor y las actividades deportivas y disminuir la actividad física en las horas centrales del día. Tampoco quedarse ni dejar a nadie ni a mascotas en el coche con las ventanillas cerradas.

Reclaman que se limpie la acequia de Raal Viejo en Llano de Brujas

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Murcia José Zapata defenderá una moción en el Pleno de este mes pidiendo al PP local que inste a la Junta de Hacendados a limpiar y acondicionar la zona de la acequia de Raal Viejo, desde Los Sifones hasta el campo de fútbol e instituto de la pedanía de Llano de Brujas. Se trata de un rincón tradicional de la Huerta de gran valor medioambiental, con flora y fauna protegidas, que, según Zapata, requiere de una puesta en valor por parte del Ayuntamiento.

No es la primera vez que los socialistas piden la limpieza y acondicionamiento de esta zona. En concreto, el vocal del PSOE en la Junta Municipal de Llano de Brujas, Juan Jiménez Tovar, alertado por los vecinos, solicitó en el Pleno del pasado mes de diciembre la limpieza de esta acequia, situada frente a un jardín, “por donde pasean las ratas; un colegio y un grupo de viviendas por donde se cuelan las culebras, debido a la suciedad acumulada. Tras esta petición, la Junta de Hacendados limpió la zona, pero su falta de mantenimiento ha provocado que, en pocos meses, todo siga igual de sucio y abandonado”.

En este sentido, el edil del PSOE volverá a reclamar una limpieza a fondo y su acondicionamiento inmediato, así como su posible inclusión en el pliego de condiciones de la limpieza de jardines, ya que la zona es contigua a un jardín de la pedanía; especialmente el tramo mencionado con anterioridad, “ya que se está convirtiendo en una especie de ‘selva’ debido a la altura que alcanza el cañizo, donde además se acumula basura y restos de botelleo, lo que contribuye a la aparición incesante de insectos, roedores y hasta serpientes”.

Por último, Zapata pedirá al Gobierno local que intensifique la vigilancia por parte de la policía local en la zona de la acequia para controlar el botelleo y que se habilite una senda verde desde los Sifones hasta el campo de fútbol y el instituto. 

Proponen recurrir a fondos europeos para el plan contra las inundaciones en Molina

El PSOE de Molina de Segura llevará al Pleno una moción en la que reclamará a los gobiernos de la Región y de España que acudan a los fondos de la Unión Europea para financiar el proyecto de defensa y prevención contra las inundaciones en la localidad. El proyecto está valorado en 10 millones de euros y estancado en el Ministerio de Medio Ambiente desde hace más de diez años. El portavoz socialista, Antonio Gomariz, recuerda que la Unión Europea “sí da prioridad a la defensa contra las inundaciones, a través del Programa LIFE”.

Gomariz alude al programa de trabajo plurianual de LIFE 2014-2017, cuya convocatoria está abierta hasta el próximo mes de octubre, y que permite presentar solicitudes de financiación de proyectos relacionados con el agua, las inundaciones y la sequía; y concede prioridad, entre otros, “a proyectos que promuevan la gestión de los riesgos de inundaciones y sequías”.

Por su parte, el alcalde, Eduardo Eduardo Contreras, ha vuelto a recordar que esta cuestión será el asunto principal que planteará al presidente de la Comunidad Autónoma, Alberto Garre, durante la visita que en breve realizará a Molina. Hasta la fecha, el Consistorio no ha contemplado la posibilidad de financiar con fondos propios las obras, pero la inacción de las administraciones regional y estatal ha provocado que el Ayuntamiento estudie esta opción.

Para ello también debe pedir permiso al Gobierno central, debido a las exigentes condiciones que pone a través del techo de gastos. El Consistorio cerró el último ejercicio con superávit y podría destinar parte de su remanente positivo de tesorería a financiar este plan contra las avenidas. No obstante, en aras de respetar el proceso de presupuestos participativos, el regidor ha adoptado el compromiso de consultar antes a la junta de participación ciudadana.

El PSOE lleva a los tribunales el cobro por acceder a las playas de Calblanque

El PSOE denunció ayer en los juzgados el cobro de los aparcamientos en Calblanque por parte de una empresa privada. El diputado regional Joaquín López indicó que la autorización a la Entidad para la Custodia del Territorio del parque natural para cobrar 4 euros a los vehículos que estacionen en ese aparcamiento se hizo “sin conocer el procedimiento, sin publicidad y sin transparencia”. Subrayó que la medida tampoco cumple con las normas de tratamiento especial que debe tener ese parque regional respecto a los usos que se pueden realizar en él.

Se trata, según dijo, de una entidad privada que asume, con intereses que se desconocen, la gestión de un espacio público que, en su opinión, debería gestionarse desde las administraciones públicas y con “transparencia” y procesos de libre concurrencia para prestar ese servicio. En su opinión, esta es una muestra más de cómo “el PP hace del medio ambiente su cortijo particular y toma decisiones por encima de la ley” y sin tener en cuenta la sensibilidad y las características de la zona.

Por su parte, el secretario de Coordinación de políticas sectoriales, sostenibilidad y ordenación del territorio del PSOE, Enrique Ayuso, calificó de “precipitado, irregular, fuera de todo procedimiento reglado” la vía seguida para gestionar el aparcamiento. A su juicio, el cobro de la tasa no supondrá ningún avance en la protección de la zona, sino que es una muestra de la “debilidad y el desinterés” del Ejecutivo regional a la hora de defender ese espacio protegido, ya que “delega en otros” el control de los accesos.

Luis Babiano: “Se está creando otra burbuja con el agua”

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Luis Babiano es el actual gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), que se constituyó en 2009 en la Diputación Provincial de Córdoba con el objetivo de promocionar la gestión pública del agua, basándose, entre otros, en los principios de participación ciudadana, la responsabilidad social corporativa de las empresas, la protección de los recursos naturales y la solidaridad. Desde el año 2010, Babiano se encarga de la coordinación de todos los proyectos de AEOPAS y del control económico de la asociación. Anteriormente, ejerció como asesor del Ministerio de Medio Ambiente y fue responsable del área de Sociedad y Territorio del Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua (CENTA).

¿Cómo están afectando las políticas del Gobierno al agua urbana?
Los principios neoliberales practicados por el Gobierno central se están traduciendo en un marco legislativo que favorece al sector privado y pone en serio peligro a los servicios públicos. La Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local es una buena prueba de ello. La ley entorpece el desarrollo actual de las empresas públicas existentes y las reconduce al dictado de los mercados. La gestión no debe ser únicamente económico-financiera; tiene que ver con la transparencia y la construcción de sociedad. Existen 1.134 empresas públicas municipales en España, las cuales generan actualmente 75.321 puestos de trabajo y un paquete económico de más de 8.151 millones de euros. Este primer análisis desveló que la aplicación de la ley podría suponer la disolución de 585 empresas, con una pérdida de más de 30.000 empleos y una cifra de negocio de más de 3.075 millones de euros. Por otro lado, tenemos la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera a los Ayuntamientos. Esta norma limita el nivel de deuda y déficit público para las administraciones y está acelerando aún más las privatizaciones. Me explico: en el año 1996, el 63% de la población española estaba abastecida por sociedades públicas, en 2005 el 52% mantenía el carácter público, en 2010 los porcentajes se invierten: 47% público y 53% privada y en 2014 el 57% serán privadas.

En el caso del agua ¿cómo repercute todo esto?
El agua es un monopolio natural y un derecho humano que no debe regirse por las leyes de mercado. En España el agua urbana gestionada desde lo público es aproximadamente el 47% y el otro 53% está en manos privadas. A su vez, ese sector privado está controlado en un 90% por dos empresas, Agbar (perteneciente al grupo francés Suez) y Aqualia, de la constructora FCC, con lo que en la práctica la competencia no es tal. Hoy en día, la entrada del sector privado en la gestión del agua conlleva, en la mayoría de los casos, el pago de un canon no finalista a los ayuntamientos, dinero que no revierte al servicio de aguas, a cambio de la cesión de la gestión del agua por un determinado plazo de tiempo, y unos precios del agua que se incrementan tomando como referencia unas determinadas fórmulas de actualización. Es decir, en España se privatiza el agua, no para mejorar los sistemas, sino para obtener dinero para pagar nóminas, pagar a proveedores o finalizar las rotondas. Pero el dinero sale del bolsillo de todos los ciudadanos. Toda privatización en agua se repercute en la factura que pagamos y sin ser informados ya que el canon concesional (el dinero que las empresas privadas pagan al Ayuntamiento por la concesión del servicio del agua por un periodo determinado de tiempo, generalmente 25 años) no aparece en la factura como tal.

¿Son solventes los modelos públicos?
Retomando la cuestión de la eficacia en la gestión, un reciente estudio llevado a cabo por el Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada ha comparado la eficiencia de la gestión entre 28 sociedades púbicas y 24 ámbitos (municipales o supramunicipales) con gestión privada, todas ellas ubicadas en Andalucía. El citado estudio concluye que las empresas públicas son más eficientes que las privadas y añade que uno de los motivos puede ser la laxitud en el control de la actividad del operador privado por parte de las administraciones públicas. Estamos creando una nueva burbuja. Se acabó el ladrillo y hace falta dinero. Los Ayuntamientos y alguna comunidad autónoma, como es el caso de Catalunya con Aigües Ter Llobregat, tienen que hacer frente a gastos, inversiones y compromisos sin fondos. La solución que proponen es vender aquello que vale dinero, que es eficiente. Los servicios de agua son la última joya. Los municipios consiguen dinero y se quitan de encima el mantenimiento del personal, las obligaciones de gestión y la responsabilidad de subir las tarifas. Las empresas se hacen con un mercado sin competencia local y con un usuario seguro y permanente dado que los recibos del agua tienen una garantía de cobro de entre el 97% y el 99%.

¿Esto también generará conflictos entre las empresas y los ayuntamientos?
Claro, la privatización es costosa para el ciudadano, que ve incrementada su tarifa. Además, medioambientalmente es insostenible, ya que a mayor consumo de agua, mayor es el beneficio (como ponen en evidencia las quejas de Agbar por el descenso en el consumo durante la sequía que sufrió Cataluña en 2007); oscuro (no existen órganos reguladores, ni indicadores de calidad de gestión, ni estadísticas fiables); y supone una auténtica pérdida del control de las administraciones, que a veces se ven abocadas a renovar los servicios sin licitación pública. Situaciones parecidas a éstas han hecho que en muchas ciudades europeas como Grenoble, París o Berlín hayan recuperado la concesión.

¿La privatización es una tendencia?
A escala mundial, sólo el 10 por 100 de las 400 ciudades más grandes del mundo tienen privatizado el suministro de agua; en el 90% es público. Es más, la tendencia mundial es la remunicipalización de los servicios. Más de 100 ciudades han remunicipalizado en el mundo entre los años 2000-2014 y en todos los continentes. En Estados Unidos destacan Atlanta e Indianapolis; en Europa, París, Berlín o Budapest y en los países del sur, Buenos Aires, La Paz, Johannesburgo, Dar-es-Salaam, Accra, Almaty, Kuala Lumpur… La remunicipalización es ya un fenómeno global.

Hablas de París. ¿Qué ventajas tiene este rescate?
En la capital francesa el recibo bajó un 8% durante el primer año y se obtuvieron beneficios de 35 millones de euros. Además, no están permitidos los cortes de agua para las familias que no puedan pagar, se han creado nuevos servicios y se ha logrado que con la empresa pública haya una gestión más democrática y participativa, con personal, usuarios y asociaciones ciudadanas en el consejo de administración.

¿Qué casos de remunicipalización hay en España?
En España la remunicipalización es también un hecho. Hay casos como los de Torrelavega, Ermua, Arteixo, Manacor, Medina Sidonia, Arenys de Munt, Lucena o los 22 pueblos de la provincia de Sevilla agrupados en Aguas del Huesna. Siempre con un servicio mejor y con la prioridad de la accesibilidad del agua a todos los ciudadanos y ciudadanas. En la sociedad Aguas del Huesna se encuentra quizá el origen del movimiento remunicipalizador en España. Son 22 municipios sevillanos, con unos 300.000 habitantes en su conjunto, que decidieron dar marcha atrás en el proceso privatizador que se les había planteado para asegurarse el suministro del agua en 1994. Aquella privatización acabó en un mejunje de sobrecostes en las inversiones proyectadas y de incumplimientos que en 2007 derivó en un expediente de rescate de la concesión y en la puesta en marcha de una empresa pública que se encarga de abastecer agua a esos municipios. El mayor tiene 50.000 habitantes; el menor, apenas 300. En Torrelavega (con 54.827 habitantes), el llamado 'escándalo del agua' surgió al detectar los técnicos municipales irregularidades en la gestión de la empresa mixta, concretamente durante los ejercicios de 1999 y 2000. En 2011 quedó resuelto el proceso administrativo, con el respaldo judicial a la decisión del pleno de la Corporación de rescisión del contrato entre el Ayuntamiento y Aqualia (FCC), la empresa privada que tenía entonces el 51% de las acciones de la sociedad responsable de la gestión del agua en el municipio (Aquator). Los delitos que se imputan tienen que ver con la presunta manipulación de caudalímetros, la contratación irregular de empresas filiales para distintos trabajos y el desvío de compras de carbón activo para otros municipios, principalmente. En el caso de Medina Sidonia, un municipio de Cádiz que en 2003 decidió crear su propia empresa pública –hoy denominada Medina Global– para gestionar el abastecimiento del agua, el factor precio fue importante. Pero desde que se recuperó la gestión pública, en el municipio no ha habido cortes de agua, ni siquiera con la irrupción de la crisis económica. La propia página web de la empresa Aguas de Medina señala que la decisión de remunicipalizar “fue tomada con una firme voluntad de mejora del servicio en todos sus aspectos, así como de repercutir directamente los beneficios generados en el municipio”. El modelo de Medina también a inspirado a ciudades como Lucena, en Córdoba, que recientemente ha remunicipalizado el servicio y aplica los valores del derecho humano al agua siguiendo las recomendaciones de la ONU. Un modelo de gestión que pronto también gozarán los ciudadanos y ciudadanas de Priego de Córdoba, según acaban de anunciar sus responsables políticos. Desde Aeopas pensamos que la bajada de tarifas o la eficiencia del servicio público no deben ser los únicos factores a la hora de decidir la reversión de una concesión. La accesibilidad y la garantía de servicio, junto con la trasparencia y la participación pública de la gestión pública tienen que estar en la base del modelo. Es decir, tener en cuenta a los más necesitados y acercar la gestión del agua a la sociedad.

¿Cual es el principal obstáculo que tienen los municipios para llevar a cabo este proceso de remunicipalización?
Hasta ahora, las privatizaciones han tenido un claro objetivo: la financiación extraordinaria que consiguen con ello las Administraciones y restar gasto corriente a sus partidas presupuestarias. En esos mismos argumentos se encuentran ahora los problemas para desprivatizar la gestión del agua, con las arcas municipales padeciendo la crisis con una reducción de ingresos. El rescate se puede pedir, pero implica devolver la cantidad del canon concesional e incluso pagar una indemnización por lucro cesante. Y eso es un imperativo económico que es difícil de superar. No obstante existen otros muchos factores; la gestión privada significó laxitud en el control por parte del los ayuntamientos en el control del privado y muchos ayuntamientos no conocen nada del ciclo urbano. Ese desconocimiento hace que muchos de nuestros responsables públicos tengan auténtico pánico a decidirse por remunicipalizar. En este sentido desde AEOPAS estamos asesorando a muchos ayuntamientos para que puedan llevar la remunicipalización de forma exitosa. Pero es indigno que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) no aborde el tema; que cierre sus puertas a los municipios que quieren remunicipalizar.

¿En qué sentido?
En el sentido que la FEMP debería de convertirse en el centro del debate y debería de disponer de unos mecanismos mínimos para poder asesorar a los ayuntamientos que deciden tomar esta decisión. Por ejemplo, la FEMP podría haber firmado un convenio con los operadores públicos para crear un manual de cómo remunicipalizar… cosas mínimas pero vitales. Frente a esto la FEMP ignora a los municipios que remunipalizan y está sumisa a las posturas neoliberales impulsadas desde el Gobierno central… son sepultureros del municipalismo.

¿La Región de Murcia cómo está situada en el proceso?
La Región es una de las más privatizadoras. En general, en los últimos veinte años, hemos vivido un desmantelamiento silencioso de los servicios públicos municipales. La cifra es escalofriante más del 85% de los servicios de agua y saneamiento están en manos privadas. Las consecuencias son claras: es un sistema oscuro, como por ejemplo, incluso las quejas, cuando se han eliminado instancias como el Defensor del Pueblo de la Región, se están tramitando únicamente a través de las empresas privadas. Es muy costoso. Sólo tenemos que ver los numerosos informes sobre el precio del agua y comprobar cómo los municipios de la Región tienen los precios más altos del país. Es un proceso “excluyente” que convierte el agua en sólo mercancía; la crisis ha evidenciado que en aquellos lugares donde se ha privatizado los márgenes de actuación social han sido muy reducidos. Por ejemplo, la crisis evidenció que muchísimos ciudadanos no podían pagar el agua. Frente a esto, los municipios que han privatizado han sido incapaces de declarar un “minimo vital” (unos 100 litros/habitantes/día) en sus reglamentos; han seguido cortando el suministro; provocando desahucios hídricos, desahucios invisibles sin dictamen de los servicios sociales o de los juzgados y, en plena crisis, han permitido que las empresas privadas sigan subiendo el agua y contribuyendo al empobrecimiento de las rentas familiares.

¿Y en remunicipalización?
El actual sistema municipal de la Región está herido de muerte. Sólo hay que recordar que existen 40 causas por corrupción abiertas en una región de 45 municipios; en unas circunstancias como estas, la remunicipalización no sale de ese ámbito. No obstante, el concepto de remunicipalización está muy presente en la Región gracias a la sociedad civil; una sociedad civil que está introduciendo el tema en la agenda política. En las próximas elecciones veremos numerosas formaciones que incluyan de manera clara la remunicipalización del agua en sus programas. 

¿Qué presencia tiene este activismo en Murcia?

En la ciudad de Murcia la Asamblea Agua Pública 100% Región Murciana, integrada por más de 25 organizaciones, se ha concentrado ya varias veces con el lema #Remunicipalización. Con estas acciones han reivindicado que el agua es un bien común y un derecho humano con el que no pueden especular. El agua no es una mercancía. Desde esta Asamblea se tiene claro que la ciudadanía debe recuperar el control democrático de sus servicios municipales de aguas. Que es la única forma de poner a disposición de las necesidades colectivas un bien indispensable para la vida como es el agua. Solamente el agua será un bien común bajo la gestión cien por cien pública y el control ciudadano. De esta forma no habrá cortes de agua a las familias golpeadas por la crisis y el desempleo, las tarifas del agua dejarán de incrementarse artificialmente y se construirán como tasas y no como precios. Además cada vez los colectivos sociales tienen claro que el agua es un motor de democracia. También ha habido debates importantes en Santomera, Lorca, Las Torres de Cotillas. No obstante, es en La Unión donde la oposición al modelo privatizador es mayor. Su privatización implicó una fuerte subida del recibo y una fuerte oposición social. Recientemente el Tribunal de Cuentas indicó que el servicio se adjudicó indebidamente a Acciona, cuya oferta incumplía en diversos aspectos el pliego de condiciones, debiendo haberse declarada desierta la licitación. Ahora que se acercan unas elecciones municipales las organizaciones sociales forzarán este debate y le dirán a los diferentes grupos políticos que quieren que los servicios de aguas de La Unión, o Murcia, vuelvan a manos públicas como han hecho las principales ciudades de Europa. 

Marqués atribuye a Hefame la titularidad de las cuentas que manejó

El que fuera delegado del Gobierno en Murcia y ex consejero de Medio Ambiente, Francisco Marqués, compareció ayer tarde, en la sede del PP de Murcia, para decir que fue apoderado desde 2006 a 2012 de las cuentas de la Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo (Hefame) pero que, en ningún caso, dispuso de esos fondos, según informa Europa Press.

No obstante, según informa La Verdad, los argumentos de Marqués pueden explicar algunos de los depósitos que hizo durante esas fechas, como los tres que figuran entre los años 2007 y 2010 por importes de 864.655 euros, 1,5 millones y un millón de euros, pues son de una etapa en la que ejercía como director general de Hefame. Pero no parece –insiste el decano de la prensa regional– que sirvan para aclarar los anteriores y posteriores a esas fechas, sobre todo considerando que las cuentas donde se hicieron esas imposiciones fueron canceladas años antes de que Marqués llegara a Hefame. Es decir, que cuando el exconsejero se situó al frente de la Hermandad Farmacéutica, esas cuentas no existían ya formalmente. ¿Para qué iba a ser, pues, designado apoderado de unas cuentas canceladas años atrás?; ¿es posible ser nombrado apoderado de unas cuentas canceladas?, son algunas de las preguntas que surgen.

Es el caso de tres depósitos a plazo fijo que se hicieron entre 2002 y 2006, por cuantías de 908.432, 1.134.830 y 1.402.133, pues esas cuentas fueron dadas de baja en octubre de 2003, abril de 2004 y febrero de 2006, antes de la llegada de Marqués a Hefame, tal y como sostiene el informe de Banco Sabadell. De esta forma, ningún sentido tendría que se le hubiera nombrado apoderado de unas cuentas bancarias que no solo no estaban operativas, sino que ya ni siquiera existían, siempre según los datos del Sabadell.

Marqués ha presentado, a través de su abogado, un escrito al juez instructor del caso Novo Carthago, Manuel Abadía, en el que le insta a que "desvele, de forma inmediata y urgente y si no lo sabe que se lo pregunte al Sabadell (entidad donde estaban esas cuentas), quién es el titular de todas y cada una de esas cuentas corrientes", ya que, advirtió, "es obligación de la Administración de Justicia el decir de quién son todas y cada una de las cuentas, sin perjuicio del apoderado que fuera".

Según Marqués, que se encuentra imputado en esta causa por los delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, fue apoderado de las cuentas corrientes de Hefame desde 2006 a 2012, lo que significa que "no se le permitía hacer nada con esas cuentas, puesto que se administran siempre dos firmas y dos personas autorizadas o apoderadas".

"Parece que asociar mi conducta a un movimiento de fondos de 9,5 millones, sobre todo en cuentas a la vista y en depósitos a plazo fijo, es cuando menos una cosa poco pensada o intencionadamente mal hecha", respondió Marqués saliendo al paso de las informaciones donde se apunta que movió en depósitos a plazo fijo hasta 9,5 millones.

Igualmente, denunció que la información que el juez instructor requirió al Banco Sabadell se haya filtrado y se haya conocido antes de que al juez le llegara a su poder, ni a las partes del proceso. "Alguien lo ha tenido que filtrar y lo tiene que investigar el juez", reclamó Marqués, tras lo que añadió que desconoce la procedencia de la filtración e insiste en conocer quién ha filtrado esta información para poder emprender acciones legales, "por mucho derecho a la información que haya".

Volviendo a las cuentas, explicó que el banco "no las discrimina", en el sentido de que aunque entrara a formar parte de Hefame en 2006 hasta 2012, aparece como apoderado de las cuentas a partir de 2002 y hasta 2012, "porque es sobre la totalidad de las cuentas de la cooperativa y el banco elimina a los apoderados anteriores y te mete a ti". "Cuando le han pedido a partir del 1 de enero 2002 a 31 de diciembre de 2013, todas las cuentas de Hefame están bajo mi nombre porque estaba autorizado", insistió el ex delegado del Gobierno y ex consejero del Ejecutivo murciano.

Según afirmó, "no tiene ningún sentido, pero es así y todas esas cuentas corresponden con cuentas pertenecientes al Grupo Hefame en las que he estado de apoderado, sin perjuicio de que estuviera o no como director general".

Marqués, que mostró su predisposición a declarar ante el juez cuando lo cite, justifica que la imputación en este caso es porque tiene un piso que compró a una UTE y "pretenden vincular eso con alguna medida que tomara de cualquier tipo". Igualmente, asegura que "nunca" ha tenido cuentas en la CAM ni en el Sabadell "ni en ningún banco que tenga que ver con el Sabadell actual, salvo una hipoteca que pagué en su momento".

En la sede del PP

Marqués, a preguntas de por qué dio la rueda de prensa en la sede de los 'populares' murcianos, puso de manifiesto que es militante del PP y los hechos de los que se hace mención "sucedieron cuando era consejero de un Gobierno del PP", y dijo estar al corriente de sus cuotas. "En el PP no he tenido ningún expediente con respecto a este caso o el anterior y di las explicaciones que tuve que dar", zanjó Marqués, para después dejar claro que está en su casa y "es un sitio más cómodo que dar una rueda de prensa en la calle". Preguntado sobre quién autorizó el uso de la sede, dijo que lo autorizó "quien lo haya tenido que autorizar".

Marqués ha comenzado su comparecencia disculpándose ante los periodistas por si durante todo este tiempo haya podido parecer "maleducado", ya que durante cinco años y medio "no he querido hablar de nada", ni incluso por el proyecto urbanístico la Zerrichera, en el que se acordó el sobreseimiento provisional pero previamente "me esposaron, me detuvieron, me tuvieron 72 horas en los calabozos, cinco años de imputación para acabar concluyendo que no había nada".

"No vengo aquí para explicar que bajo estas características hay personas, que esas personas tienen una familia, un trabajo, relaciones sociales y estas circunstancias, dependiendo de cómo se publiquen, pueden afectar a las familias", concluyó.

Marqués se encuentra imputado en la causa de 'Novo Carthago', pero previamente lo estuvo también en el caso de presunta corrupción urbanística en la recalificación de una finca agrícola para construir un 'resort' en Águilas (Murcia), la Zerrichera, que le llevó a su detención en marzo de 2009.

Entró en el Ejecutivo regional en 1995, año en el que fue nombrado consejero de Sanidad, y ostentó diversas competencias, incluyendo un breve paso por la Delegación del Gobierno en Murcia, hasta que presentó su renuncia en 2006 para hacerse cargo de la dirección general de Hefame hasta 2011.

Críticas del PSRM

El secretario de Comunicación Interna y Acción electoral del PSRM, Emilio Ivars, preguntó al presidente de la Comunidad, Alberto Garre, y al presidente del PP en la Región, Ramón Luis Valcárcel, "qué hace Francisco Marqués dando explicaciones sobre la procedencia de su dinero en la sede del Partido Popular". Ivars recordó que Marqués "aseguró en su día que había abandonado el Partido Popular". Por eso, dice, "llama la atención que reaparezca en su sede para dar una rueda de prensa", cuestionando si "era falso el abandono o es que el PP sigue respaldando al ex consejero imputado".

"Preguntamos qué hace el Partido Popular dando cobijo y prestándole cobertura a un exconsejero imputado en varias causas, con múltiples depósitos bancarios hallados a su nombre con cantidades que ningún ciudadano normal maneja con un salario de 70.000 euros anuales", cuestionó el PSOE. Para el PSRM, "entre las cuestiones que debería aclarar Marqués están si sigue siendo militante del PP y qué respaldo tiene del Partido Popular de la Región en su defensa como imputado en casos de corrupción".

Ivars manifestó que al margen de las explicaciones que quiera Marqués, "los que tienen que darlas y de manera urgente son el ex presidente Valcárcel, responsable de los Consejos de Gobierno en los que actuaban Marqués, Joaquín Bascuñana y Antonio Cerdá, así como el actual presidente Alberto Garre, como responsable de vigilar y garantizar la ausencia de corrupción en el PP de la Región".

Y es que, indica, "la utilización de la sede del PP por una persona que se encuentra bajo sospecha de la justicia es un acto de absoluto desprecio a la ciudadanía por parte del partido que gobierna en esta Región". "Es, además, un mal ejemplo ponerse del lado de los corruptos, de los defraudadores y de los dilapidadores del dinero público", comentó.

El secretario de Comunicación del PSRM considera, igualmente, que "sorprende que ante las constantes noticias sobre corrupción de cargos y ex cargos del PP regional, el presidente Garre esté tan tranquilo haciendo una gira turística por la Región y poniendo a disposición de los presuntos delincuentes las sedes y los medios del PP, en lugar de estar concentrado en resolver la dramática situación de miles de familias en la Comunidad".

Los agricultores reclaman a Cerdá “medidas eficaces para paliar la sequía”

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Cerca de 2.000 agricultores y ganaderos de diferentes puntos de la Región, según informaron a Europa Press fuentes de la organización, se concentraron este jueves a las puertas de la Consejería de Agricultura y Agua para pedir "medidas eficaces para paliar la sequía". El secretario general de Asaja-Murcia, Alfonso Gálvez, calificó la cita de "un auténtico éxito".

"Se han perdido ya más de 25 hectáreas de almendros, se han secado y tienen que ser arrancados", dijo Gálvez, que añadió que "la cosecha de cereal se ha perdido, y el olivar y el viñedo también están sufriendo". "Si las ayudas no llegan de parte de la Administración –avisó– se convocarán nuevas concentraciones a partir del mes de septiembre".

"Hay que replantar los almendros, y los ganaderos tienen que hacer frente a un sobrecoste para poder alimentar al ganado, lo que se traduce en pérdidas económicas, que rondan los 90 millones de euros en la Región y de empleo", abundó Gálvez, quien recordó que la sequía que se está sufriendo actualmente es "la peor de los últimos 140 años".

Las asociaciones de agricultores y ganaderos de la Región, junto a las distintas cooperativas agrarias, piden que las medidas sean eficaces, puedo que "a pesar de ser más dura la sequía de este año, las medidas aprobadas son muy inferiores a las aprobadas en otras ocasiones".

Por todo ello, se presentó un escrito en la Consejería de Agricultura con las distintas peticiones de las cooperativas y asociaciones, que incluyen la concesión de préstamos blandos "para recuperar la actividad productiva", la exención de impuestos a agricultores afectados, la reducción del IRPF, la replantación de los almendros secados y la concesión de ayudas por parte de la Unión Europea, a través del Fondo de Solidaridad.

La Comunidad sigue en cabeza de las autonomías con menos transparencia

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Las comunidades autónomas de Castilla y León, Cataluña y País Vasco son las más transparentes, mientras que Madrid, Murcia, Canarias y Castilla-La Mancha las menos, según los resultados del índice de transparencia de las comunidades autónomas (INCAU) del año 2014 que elabora Transparencia Internacional España (TI).

El informe de transparencia que fue presentado ayer pone de manifiesto que las tres comunidades autónomas que encabezan el ranking han obtenido un 100 sobre 100 y, por ello, comparten el primer puesto en los resultados globales. En cualquier caso, las comunidades que ocupan los peores puestos en ningún caso suspenden: Madrid con un 65 sobre 100; Murcia con un 78,8; Canarias, con un 80; y Castilla-La Mancha con un 84.

La valoración media de las 17 comunidades autónomas ha sido este año de 88,6 sobre 100, frente a los datos obtenidos en 2012 cuando la puntuación global fue de 79,9, y en 2010 de 71,5. Así pues, destaca que las comunidades autónomas han vuelto a mejorar en el conjunto los resultados globales de este índice.

Marqués engordó cuentas a plazo fijo en la CAM por 9,3 millones

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Las cuentas a plazo fijo en la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) en las que figuraba como autorizado el exconsejero Francisco Marqués, imputado en el caso Novo Carthago sobre presunta corrupción urbanística, registraron entre los años 2003 y 2012 distintas imposiciones por un valor total de 9,3 millones de euros.

Estos datos se contienen en el informe que Banco Sabadell, entidad que absorbió a la CAM, entregó al juez instructor del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que instruye el caso, en el que también están imputados el exconsejero autonómico y delegado del gobierno, Joaquín Bascuñana, y el titular de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá.

El informe señala que Marqués aparecía, en estos depósitos a plazo fijo, como autorizado y que todas las cuentas en las que hizo estos movimientos están actualmente canceladas. También recoge que en el año 2006 hizo una imposición en una de estas cuentas de depósitos por valor de 1,4 millones de euros, mientras que en 2007 ingresó 1,1 millones y al año siguiente 864.000 euros. En los años posteriores continuó sus imposiciones, siendo las de mayor volumen las realizadas en 2010, año en el que ingresó –en dos operaciones– un total de 2,5 millones de euros.

Algunas de esas imposiciones, según el informe, las canceló pasado un año y en alguna otra transcurridos unos meses.

El Banco Sabadell informó también al juez instructor que Marqués estaba autorizado en una decena de cuentas a la vista, mientras que su mujer, María Jesús Giménez, no aparece como titular de ninguna cuenta abierta en dicha entidad bancaria.

Como ocurre con los depósitos a plazo fijo, las cuentas a la vista del que fuera consejero de Medio Ambiente y delegado del Gobierno también están canceladas a día de hoy.

El informe del banco, que atiende al requerimiento en solicitud de información que le hizo el juez, se refiere también a las cuentas que tenía en el Banco Sabadell, antes CAM, la empresa Hansa Urbana, promotora del proyecto de urbanización que afectaba a terrenos protegidos junto al Mar Menor.

El escrito señala que debido a la antigüedad de la cuenta por la que se interesó el instructor, del año 2001, y a la absorción de la entidad por Banco Sabadell, no se le puede facilitar en el formato que había pedido, pero que le adjunta un informativo histórico de los movimientos de la cuenta que considera pueden ser igualmente de interés para las investigaciones.

El informe añade que, debido al gran volumen de documentos que ocupa la información solicitada por el magistrado, con independencia de los datos que ya le adelanta, y que quedan recogidos antes, serán entregados personalmente en las dependencias del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

¿De quién es el yate?

Manuel Abadía, juez instructor del caso Novo Carthago, que investiga un presunto caso de corrupción urbanística en el proyecto de construcción de 10.000 viviendas y campos de golf que afectaban a terrenos protegidos, ha abierto una investigación para descubrir el nombre del yate en el que se ve al exconsejero de Obras Públicas y delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, informa Efe. El yate, como ya publicó elpajarito.es en su día, tiene por nombre ‘El Bravo’ y, según ha sabido este periódico, está matriculado en Alicante.

Bascuñana figura entre los imputados en la causa, por ser quien aprobó, en su condición de consejero del Gobierno murciano, la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena que hacía viable la ejecución del proyecto.

La nueva investigación emprendida por el juez es consecuencia de un escrito presentado por la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), que ejerce la acusación en esta causa, en el que le comunicaba la aparición de dos fotografías en elpajarito.es en las que figuran políticos murcianos y empresarios a bordo de un yate.

El magistrado ha requerido al fotógrafo que captó las imágenes, en una de las cuales se ve a Bascuñana, "para que aporte a esta causa, si existen, aquellas donde aparezca el nombre del yate, para conocer quién es el titular del mismo", para lo que le da un plazo de diez días.

Barreiro y el Tribunal Supremo

En la misma providencia, el instructor ordena unir a las diligencias, "a los efectos oportunos", la certificación del Tribunal Supremo acreditativa de la condición de diputada en el Congreso de la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro.

Así mismo, tiene por interpuesto el recurso que, en nombre de Barreiro, presentaron sus abogados, José Pardo Geijo y Raúl Pardo-Geijo Ruiz, contra una providencia del juez del pasado uno de julio. En la misma, el magistrado no accedió a la petición hecha por los letrados para que se suspendieran unos señalamientos, al no haber tenido tiempo suficiente para acceder al contenido de la causa por su reciente personación en las diligencias.

Para los abogados, que han pedido amparo a la Junta de Gobierno de su colegio profesional, la decisión del instructor supone "una vulneración arbitraria del plazo interesado y concedido por él mismo para ejercitar adecuadamente el derecho de defensa". Según los Pardo Geijo, la denegación de solicitud de suspensión supuso una vulneración de los derechos constitucionales de Barreiro.

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