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Casalduero: “El desastre de Valcárcel está siendo aumentado por Garre”

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La vicesecretaria general del PSRM, Isabel Casalduero, subrayó, una vez conocidos los datos del Ministerio de Hacienda sobre los déficit de las comunidades autónomas españolas, que señalan a la Región como la tercera de España más incumplidora –alcanzó el 1,42% en julio, con un desfase de 390 millones de euros–, que “una vez más los hechos desmienten las palabras del Partido Popular”.

En su opinión, el PP “lleva demasiado tiempo haciendo declaraciones electoralistas, vendiendo que estamos ya en fase de recuperación, cuando lo que tendrían que haber hecho es contener gasto inútil además de exigir la reforma de la financiación autonómica que tendría que estar hecha desde enero”.

Casalduero reprochó también al Gobierno regional del PP “que no haya exigido a Rajoy que relajase los objetivos de déficit para dejar de asfixiar a los ciudadanos de la Región de Murcia”.

“El Gobierno regional recorta derechos, no paga las ayudas, no pone en marcha leyes como la de Renta Básica. Y este sacrificio de los murcianos y murcianas no sirve para nada”, añadió la responsable socialista, que está segura de que el PP hará nuevos recortes, ya que “la desastrosa gestión de Valcárcel de deuda, déficit y corrupción marcó la tendencia que está siendo avalada y aumentada por su sucesor Alberto Garre, que sólo ha conseguido aumentar más el déficit y disparar la deuda, pero no tomar medidas contra la corrupción”.

Para Casalduero, “el fracaso de los gobiernos regionales del PP es total, y el déficit en el que estamos inmersos lo vamos a pagar con recortes todos los murcianos”. “Es insostenible que no se tomen medidas para favorecer el crecimiento, sino que sólo se recorte más y más, de manera que la economía se acaba debilitando por la falta de consumo y por la disminución de ingresos. El PP nos ha metido en una espiral de deterioro”, finalizó.

Equo: "La tasa de acceso a Calblanque no ha reducido el impacto ambiental"

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Equo Región de Murcia considera que la regulación del acceso a Calblanque, a través del cobro de una tasa por vehículo, no ha reducido el impacto ambiental en el parque natural. Tras analizar los datos ofrecidos por la Dirección General de Medio Ambiente en relación al acceso de vehículos al Parque Natural de Calblanque-Monte de las Cenizas, Equo RM estima que la reducción del paso de vehículos a motor es totalmente insuficiente, “pues se comprueba que han accedido al espacio natural una media de 500 coches diarios durante este verano, produciendo un gran impacto al medio”.

Según el informe redactado por la Asociación de Vecinos de Cobaticas y Las Jordanas, esa cifra es engañosa, pues ha aumentado el número de viajes de un mismo vehículo cargado de bañistas (actuando de “lanzaderas”), por lo que no se ha reducido el impacto sobre el medio, “sino todo lo contrario como lo demuestra el hecho de que la vegetación colindante al camino de acceso (lentiscos, palmitos, etc.), se ve afectada. La construcción de rotondas y la instalación de aseos portátiles, además de la acumulación de basuras, son otras de las actuaciones sobre el espacio natural que ha incidido negativamente”.

También se pone de relieve en este informe el aumento del acceso nocturno de vehículos y personas, al no tener que pagar a partir de las 22.00 horas, la falta de vigilancia en los espacios más sensibles del Parque, la exclusión de las personas con menos recursos y el empeoramiento de las condiciones de vida de los vecinos de las localidades enclavadas en el espacio natural, por la contaminación atmosférica, lumínica y acústica producidas por el paso incesante de vehículos.

Equo RM opina que la regulación del acceso a Calblanque se ha hecho sólo por afán recaudatorio (la empresa concesionaria ha recaudado 125.000 euros) y teme, coincidiendo con los vecinos, que sea la puerta abierta a la instalación de infraestructuras como chiringuitos en el Parque Natural.

El partido verde considera que para una correcta conservación del Parque Natural de Calblanque-Monte de las Cenizas se debería restringir totalmente el paso de vehículos a motor, habilitar una zona de aparcamiento gratuito en las inmediaciones del espacio natural y establecer un servicio continuo de autobús ecológico a precio reducido, además de instalar aparcabicis junto a la playa para incentivar el acceso en bicicleta.

Alumnos de la UPCT llevan un robot marino solar al congreso de ingeniería naval

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Un grupo de alumnos de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) va a presentar el próximo 9 de octubre su proyecto de vehículo subacuático autónomo en el 53º Congreso de Ingeniería Naval e Industria Marina, que se celebra en Cartagena, según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

El proyecto se llama SIRENA y los alumnos casi han terminado el diseño de este vehículo que cuenta con una novedad, un sistema retráctil de captación solar. El equipo ha estado trabajando en este proyecto desde 2012 sin contar con la dirección de ningún docente.

"No tener un profesor dirigiendo el proyecto puede que nos retrase en algún momento, pero también nos beneficia, ya que nadie nos dice lo que tenemos que hacer y somos nosotros los que tenemos que pensar cómo hacer las cosas", cuenta Juan Herrero, portavoz del equipo.

Una veintena de estudiantes de diversas disciplinas, como Ingeniería Naval, Ingeniería Industrial, Telecomunicaciones y Administración y Dirección de Empresas conformaron el equipo que lleva adelante el proyecto SIRENA y que está abierto a nuevas incorporaciones este curso. Su intención es conseguir que una empresa financie la construcción del vehículo. Entre las posibles aplicaciones de este robot submarino impulsado por energía solar está la retirada de minas acuáticas.

"Estar en este proyecto también nos permite autopromocionarnos ante las empresas, ya que demostramos que somos capaces de llevar adelante este trabajo sin la supervisión de un profesor", explica Herrero.

El 53º Congreso de Ingeniería Naval e Industria Marina se celebrará en Cartagena entre el 8 y el 10 de octubre y será inaugurado en la Facultad de Ciencias de la Empresa de la UPCT por el ministro de Defensa Pedro Morenés.

Exigen que el Ayuntamiento gestione todas las líneas de autobús tras dos años del ‘recortazo’

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La Plataforma Ciudadanos por el Transporte Público propuso ayer que el Ayuntamiento de Murcia asuma todas las líneas de autobús que circulan por el municipio de Murcia con motivo del segundo aniversario del ‘recortazo’ aplicado por la Comunidad Autónoma y se recuperen todas las líneas que se suprimieron hace ahora dos años.

Durante una rueda de prensa celebrada ayer con motivo del segundo aniversario de los cambios en el transporte público de pedanías, la Plataforma preguntó si se ha realizado por la Comunidad Autónoma una valoración de las consecuencias del plan de optimización y reclamó cambios en el sistema de transporte para satisfacer las necesidades vecinales.

La Plataforma reitera que desde “el fatídico 1 de octubre de 2012 todavía existen numerosos problemas en el conjunto del transporte en el municipio de Murcia, entre ellos, hasta 14 pedanías están sin autobús los fines de semana. Además, hay muchas zonas incomunicadas o con un servicio pésimo, como Ermita del Rosario, Aljucer, Camino Viejo de Monteagudo o la conexión de la Costera Sur con La Arrixaca”.

Asimismo, la Plataforma propone la creación de una comisión de trabajo donde de forma consensuada y con participación ciudadana se aborde una reestructuración del sistema de transporte público de cara a optimizar al máximo todos los recursos.

Los representantes de la Plataforma también destacaron que junto a la supresión de servicios se perdió también el bono general hace dos años dejando a los vecinos de pedanías con un precio más caro que en el conjunto de la ciudad.

Por último, pusieron de manifiesto “la descoordinación que existe en el sistema de transporte en el municipio resaltando el ejemplo de Ermita del Rosario, donde hoy (por ayer) se ha cambiado el horario del Rayo 12 sin que los vecinos hubieran tenido información previa. Tan sólo se difundió en la web de los ‘autobuses coloraos’”.

La Plataforma Ciudadanos por el Transporte Público está formada por organizaciones vecinales, de consumidores y usuarios, sindicales y políticas que han aunado esfuerzos para trabajar por un transporte público y social, seguro y sostenible para el municipio de Murcia.

Piden 450 euros de multa para José Coy por intentar frenar un desahucio

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Muchos corruptos que han robado millones de euros de los ciudadanos se van de rositas de los tribunales y a un activista murciano lo quieren multar por intentar paralizar un desahucio. Así están las cosas. “Si esto es desobediencia, vamos a seguir desobedeciendo”, afirma José Coy, miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Murcia, arropado por un nutrido grupo de compañeros. Coy fue juzgado ayer por una falta de desobediencia y por supuestos insultos a un policía durante un encierro en una oficina del BBVA en El Palmar, por la que la fiscal ha pedido 450 euros de multa.

Según explica Coy, durante la ocupación de la entidad bancaria, con la que se consiguió frenar el desahucio de una familia, fue interpelado por tres agentes de policía mientras permanecía sentado dentro de la oficina apoyado en la pared. Uno de ellos le reclamó que dejara de grabar con el móvil, aunque, según señala el activista de la PAH, en ningún momento de la ocupación había utilizado su teléfono móvil para grabar vídeo.

“Le he explicado a la juez que este tipo de acciones las llevamos haciendo ya cinco años, que es una manera de forzar las negociaciones, que no ejercemos violencia y que no entendemos la actitud de la policía”, señaló Coy a Diagonal.

Al juicio asistieron como testigos de la acusación dos policías, pero uno de ellos “tiene la impresión de que ni siquiera estuvo el día de la ocupación”, indica, y sus testimonios han estado marcados por las contradicciones. “Uno decía que estaba grabando y el otro que no; otro que dí el DNI cuando me pidieron la identificación, el otro que no, aunque sí que lo dí”, detalla el activista, quien resalta además que ya ha participado en cerca de un centenar de paralizaciones de desahucios. “Me han golpeado, me han empujado, me han amenazado y ahora me han llevado a juicio... pero esto no me para, sino todo lo contrario, me da más ganas de seguir”, concluyó.

Un juez avasalla a un periodista y lo condena por llamar “cobardes” a tres policías

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Un vecino de Molina de Segura, Francisco S.G., fue condenado la semana pasada por el magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de dicha localidad por llamar “cobardes” y “maleducados” a tres policías locales que le pusieron el 21 de febrero una multa de 200 euros tras parársele el coche por una avería y salir luego literalmente corriendo mientras el conductor les solicitaba ayuda. El juez puso al denunciado entre la espada y la pared y en tono conminatorio le dijo que o aceptaba la multa de 40 euros que pedía la fiscal por insultos a la autoridad o se celebraba el juicio y él mismo le imponía una sanción económica mayor.

Al condenado, que es periodista de profesión, no le quedó otra opción, tras consultar con su abogado, que admitir la multa, al entender que el juez ya había prejuzgado el caso. No obstante, le dijo al magistrado que “cobarde y maleducado no son insultos, sino dos adjetivos apropiados a la conducta de los agentes, que me multaron tras averiarse mi coche y salieron corriendo mientras yo les pedía ayuda, abandonando así su obligación de prestar auxilio”.

“Había sido denunciado por tres agentes de la Policía Local por una supuesta falta de desobediencia e insultos a la autoridad. El caso es que hace unos meses se me averió el coche en una calle de Molina y la Policía, en vez prestarme ayuda, me puso una multa de 200 euros y se largó corriendo sin hacer caso a mi petición de ayuda. Ante esta situación indignante, les dije a los agentes, mientras corrían cada vez más deprisa, que eran unos maleducados y unos cobardes, y luego esperé a la grúa para que me llevara el coche al taller”, explica el condenado.

“Lo llevaba todo preparado con mi abogado: los documentos de la grúa y del taller, la denuncia que les puse a los agentes ante el Ayuntamiento por abuso de autoridad y otros papeles. ¿Y con qué me encuentro? Nada más llegar a la sala de juicios, la fiscal pide para mí una multa de 10 días a razón de 4 euros por día, ya que yo mismo reconocí en Facebook, cuando conté el caso, que les dije cobardes y maleducados, igual que ellos me llamaron incívico, me rodearon para amedrentarme y provocarme y me amenazaron con arrestarme. ¿Y qué ha dicho el juez al entrar en la sala? Pues lo siguiente: o acepta usted la multa que solicita la fiscal o se celebra el juicio y le pongo yo una multa mayor. Mi abogado y yo nos hemos mirado con estupefacción. Y no me ha quedado más remedio que aceptar pulpo como animal de compañía. De todas formas ya estaba condenado de antemano”.

El policía local de Molina de Segura que puso la multa tiene el número de identificación 27098 e iba acompañado por dos agentes de la unidad 12 (indicativo Tango-1). El agente multó al conductor del coche averiado por “estacionar obstaculizando gravemente un carril de circulación” en la carretera del Chorrico, cerca de la rotonda de la calle San Juan. Los agentes denunciaron inmediatamente después al conductor en la comisaría de la Policía Nacional y en su escrito indicaban que “una vez informado por los agentes del motivo de la sanción, el propietario del vehículo comienza a alterarse y levantarles la voz a los agentes actuantes y decirles frases tales como: yo soy periodista y lo voy a publicar en la prensa mañana para ver la poca vergüenza que tenía la policía de Molina, y que iba a llamar por teléfono a su amigo el alcalde, Eduardo Contreras. Al decirle los agentes que ellos se marchaban del lugar prosigue con la falta de respeto a los agentes diciéndoles cobardes, sinvergüenzas y gandules”.

Días después, los policías ampliaron la denuncia alegando que el conductor publicó en Facebook su versión de los hechos, “en donde insulta públicamente a través de dicha red a los funcionarios comparecientes”. Los agentes aportaron capturas de pantalla de Facebook en las que no aparece ni un solo insulto por parte del conductor. Solo reconoce haberles llamado “cobardes” y “maleducados” tras dejarlo tirado.

Los tres policías están denunciados ante el Ayuntamiento de Molina por abuso de autoridad, pero cuatro meses después de presentar el escrito todavía no hay respuesta oficial del Consistorio.

La Consejería estudia cómo evitar el “efecto llamada” en las oposiciones

El consejero de Educación, Cultura y Universidades, Pedro Antonio Sánchez, reiteró ayer su intención de convocar oposiciones en Educación en un número "importante" tras la modificación de la tasa de reposición anunciada por el Ministerio de Hacienda. No obstante, reconoció que está estudiando qué van a hacer el resto de comunidades, para evitar provocar "un efecto llamada". Su intención, aclaró, es beneficiar, sobre todo, a los opositores murcianos. De momento se baraja una convocatoria de 300 plazas de profesores.

Al ser preguntado en rueda de prensa, Sánchez dijo que este asunto afecta a "distintos ámbitos de la Administración regional", por lo que la Comunidad "está estudiando qué posibilidades tiene de poner en marcha una oferta de empleo público" no solo en el ámbito de la Educación, "sino en otros ámbitos a los que afecta la modificación de la tasa de reposición".

Así, afirmó que se están estudiando "las necesidades de las distintas consejerías". En el caso concreto de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades, Sánchez avanzó que ya están hablando con los sindicatos para ver qué posición tienen y cuál es su opinión.

Sánchez explicó que la Consejería está estudiando si las otras comunidades van a convocar oposiciones de Primaria o Secundaria. En base a toda esta información y conociendo las opiniones de los sindicatos, anunció que hará pública la decisión "cuanto antes", para que los potenciales opositores "sepan cuáles son las reglas del juego y a qué tienen que atenerse".

El consejero dijo ser "optimista", porque "se permite un escenario mucho más positivo del que teníamos, ya que estábamos con una tasa de reposición del 10 por ciento". Además, recordó que ese 10 por ciento "no se perdió" a pesar de que las oposiciones no fueron convocadas, ya que la Comunidad hizo una reserva de plazas para sumarla a la siguiente convocatoria.

Ahora, afirma que se trata de convocar un 50 por ciento, con el 10 por ciento que había reservado de la convocatoria que no se hizo.

El juez cierra el sumario de la corrupción en Librilla con 15 imputados

El Juzgado de Instrucción de Murcia que desde el año 2008 investiga la presunta adjudicación a dedo de contratos de obras por el Ayuntamiento de Librilla acordó ayer transformar las diligencias en procedimiento abreviado y concretó los indicios de criminalidad que pesan contra 15 de los imputados, informa Efe.

Entre los imputados, se encuentran el que en el momento de los hechos era alcalde de la localidad, José Martínez García (PP), los concejales Pedro Martínez Muñoz y Francisco Navarro Warren (del mismo partido político), el secretario municipal e interventor, Marcos Martín Tovar, y el arquitecto técnico José Luis Martínez López.

También figura Domingo Peñalver Rojo, uno de los dueños de la sociedad Asesores de Calidad y Desarrollo para la Ingeniería (ACADI), presunta adjudicataria de los contratos amañados.

Entre los quince imputados también se encuentra el que era gerente de la empresa municipal Iniciativas para el Desarrollo de Librilla (IDL), José Andrés Cortés Otálora, al que se atribuye su participación en las adjudicaciones de obras municipales de forma irregular.

Para el instructor, las investigaciones llevadas a cabo han permitido averiguar la supuesta recepción de comisiones ilegales por parte del exalcalde, del edil Martínez Muñoz y de Cortés Otálora, a los que atribuye un delito de cohecho.

Este mismo delito lo atribuye igualmente a Domingo Peñalver, el empresario que supuestamente entregó las dádivas para conseguir la adjudicación de los contratos a su empresa.

Por el contrario, el Juzgado ha decretado el sobreseimiento provisional del constructor Santiago M.E., de sus tres hijos y de la esposa de uno de estos, que fueron imputados inicialmente, así como de las esposas de Cortés Otálora y de José Luis Cano, otro imputado que falleció hace unos años cuando se dirigía al despacho de su abogado para preparar la línea de defensa.

El juez, Andrés Carrillo, ha comunicado el auto a la fiscalía y a las demás partes personadas en el caso para que en el plazo de diez días soliciten la apertura del juicio oral, presentando el escrito de acusación o de solicitud del sobresimiento, o la práctica de diligencias complementarias, en su caso.

Así, imputa a 15 personas la comisión de delitos que van, según los casos, desde el cohecho, la prevaricación continuada o la falsedad documental y entre los que se encontraría el exalcalde, José Martínez; el que fuera concejal de Personal, Servicios, Hacienda, Agricultura y Medio Ambiente, Pedro Martínez; así como el arquitecto técnico municipal, J.L.M.; el exconcejal Francisco Navarro; y el secretario-interventor municipal, M.M..

En un auto, notificado este martes, el juez abre la fase intermedia, previa a la eventual fase de juicio oral, y concreta los indicios de comisión de delitos que, de acuerdo a las diligencias practicadas y siempre presuntamente, entiende que existen contra cada uno de los imputados.

Igualmente delimita, de forma presunta en esta fase del procedimiento, el grado de participación que habría tenido cada uno de ellos en estos hechos; ya sea como autor, colaborador necesario o autor por omisión.

Además, a la vista de lo actuado, archiva el procedimiento respecto a siete personas que habían sido imputadas inicialmente.

Con esta resolución, el juez da traslado de las diligencias al Ministerio Fiscal y a las partes personadas como acusadoras para que en el plazo de diez días soliciten la apertura del juicio oral formulando el escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.

La resolución no es firme y contra ella cabe recurso de reforma ni apelación.

El Gobierno lanza un cebo electoral y presupuesta más inversión en Murcia

Como quiera que el PP murciano no las tiene todas consigo en vísperas del año electoral –locales, autonómicas y generales–, la estrategia del Gobierno central se dirige a maquillar su escaso interés por la Región de Murcia con un puñado de millones de euros más que en toda la legislatura. El cebo que pretende presentar es la llegada del tren del alta velocidad a Murcia. De este modo, la inversión estatal en infraestructuras aumenta un 10%, y la mayor parte del dinero va dirigido al AVE.  

Está previsto que la Región recibirá en 2015 un total de 425,23 millones de euros de inversión del sector público estatal, según el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año próximo presentado ayer en el Congreso.

Esa cantidad representa el 3,8% de la inversión real que se acometerá en las comunidades autónomas y se desglosa en 407,41 millones de los ministerios de Fomento y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y 17,82 millones del resto de departamentos.

Según el proyecto presupuestario, del total previsto para esta comunidad 295,39 millones son de inversión de organismos como Puertos, Aena, Adif y Seittsa, con 178,76 millones de euros en total; de sociedades de aguas (43,64) y de otras entidades (72,99).

Las comunidades de Andalucía, Castilla y León, Galicia y Cataluña, son las que aglutinan la mayor inversión del sector público estatal en 2015, según los presupuestos presentados hoy en el Congreso de los Diputados, que cifran este capítulo en 11.267,99 millones de euros.

Estas cuatro comunidades tienen el porcentaje de inversión real más elevado respecto al total nacional, de manera que Andalucía tiene un 17,4%, Castilla y León un 15,5 %, Galicia un 12,3 % y Cataluña, un 9,5%.

Según el proyecto de Presupuestos presentado este martes por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, el Estado distribuirá en 2015 un total de 13.103,36 millones de euros entre las 17 comunidades autónomas y Ceuta y Melilla. Esta cifra supone un incremento del 8,38% respecto a los 12.090,63 millones que se aprobaron finalmente en la tramitación parlamentaria de las cuentas públicas de 2014.

Este aumento está repartido entre todas las autonomías excepto Ceuta, que será la única que sufrirá un descenso de las inversiones estatales. En concreto, el Estado invertirá en la ciudad autónoma en 2015 un 42,53% menos que el año anterior.

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