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Protesta de la PAH ante una oficina de BMN por el suicidio de un joven

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Un grupo de activistas de la PAH se concentró ayer en la oficina principal de Cajamurcia (BMN) en Las Torres de Cotillas para protestar tras el suicidio de Gustavo, un joven granadino de 37 años que se quitó la vida el pasado viernes agobiado tras no poder llegar a un acuerdo con BMN sobre su hipoteca. Este hombre deja dos niños, de 3 y 11 años, como podía verse en un cartel que colocó la PAH, que culpa de su muerte a BMN. Los activistas portaban varias pancartas con mensajes de este tipo: “Banqueros y políticos cómplices. ¿Cuánto dolor y cuántas muertes necesitáis más para saciar vuestra codicia?”.

Los manifestantes comenzaron a corear “no son suicidios, son asesinatos” y colocaron velas en la puerta de la oficina bancaria en honor a Gustavo, a la vez que pegaron carteles con la siguiente leyenda: “Gustavo, casado y con dos hijos de 11 y 3 años, se encontraba en proceso de desahucio con el Banco Mare Nostrum (ex Caja Granada). Stop Desahucios acompañó en repetidas ocasiones a la familia para intentar llegar a un acuerdo razonable pero BMN siempre se negó. Finalmente el compañero no pudo con la presión. Gustavo es una víctima más de este genocidio financiero que ya se ha cobrado demasiadas vidas. Hacemos responsable a BMN de esta muerte y esperamos que sus dirigentes sean considerados como lo que son: unos asesinos”.

El portavoz de la PAH, Joaquín Sánchez, indicó a ElPajarito.es que “Gustavo no ha podido vivir dignamente. Estuvo negociando con BMN y no obtuvo respuesta ni solución. Por desgracia, su desesperación y tristeza eran tan grandes que optó por quitarse la vida después de ser pisoteado y humillado, cuando él era un hombre honrado. Hay personas pasando hambre y frío que no llegan a fin de mes y al final no aguantan más el dolor y la presión”.

Sánchez señaló que “los bancos persiguen, acosan, desesperan y destruyen la vida de la gente. Es gente que vive sin vivir, día a día, y eso se hace insoportable y al final deciden quitarse la vida. Nosotros sentimos dolor y respeto por esta persona y no le hacemos ningún reproche. Es consecuencia de un sistema financiero corrupto con la complicidad de políticos, que son el apoyo necesario para echar a la gente de casa. Ante eso, solo cabe la lucha y la denuncia. A los bancos y a los ricos se les rescata y se les da todo el dinero, pero a los ciudadanos no se les rescata”.

El portavoz de la PAH dijo que “yo creo que estos suicidios hay que sacarlos en los medios de comunicación, pues los desahucios están causando muchas muertes y ocultándolas se legitiman estos asesinatos”.

Las protestas de la PAH por el suicidio de Gustavo continuarán hoy en Murcia ciudad.

Reclaman un pacto regional de ayuntamientos contra el fracking

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La Plataforma ‘Cuenca del Segura Libre de Fracking’ reclama un frente institucional formado por las corporaciones locales que rechazan el uso de la fractura hidráulica. Es un hecho conocido, explican desde la Plataforma, que el fracking (o fractura hidráulica), supone "una grave amenaza para los acuíferos y las aguas superficiales, por lo que se pone en riesgo el empleo y la economía, así como la salud de la población en las comarcas afectadas por las áreas de prospección". 

Así lo han entendido ya –explican– ayuntamientos de diverso signo político de la región en Murcia, como Calasparra, Bullas, Mula, Totana, Alhama de Murcia y Jumilla, que se han declarado "libres de fracking". A ellos se ha sumado recientemente Yecla, que ha anunciado que corregirá la postura mantenida hasta ahora, para oponerse al fracking. 

Sin embargo, Gobierno regional y central mantienen una línea de claro respaldo y apoyo al fracking. Lo que se traduce en la concesión ya de cuatro permisos de prospección, y la tramitación de un quinto, que con toda seguridad será también aprobado. En conjunto, más de 280.000 hectáreas que afectan a la provincias de Murcia, Albacete y Alicante. 

Desde la Plataforma explican que "frente a esta situación de absoluta indiferencia (desde Murcia y Madrid) por las consecuencias negativas del fracking en la comarcas afectadas, es necesario que se constituya un frente institucional, liderado por los municipios que rechazan la fractura hidráulica".  

Los ayuntamientos, añaden, "deben trabajar juntos para defender los acuíferos, la economía de sus municipios, y por supuesto la salud de la población que se verá gravemente amenazada de seguir adelante los permisos de fracking". 

Por eso, desde la Plataforma apuntan que "la aprobación de mociones contra el fracking en los ayuntamientos ha sido un paso importante, pero no es suficiente. Es necesario ahora un Pacto de Ayuntamientos contra el fracking, a través del cual se comprometan públicamente a impulsar acciones desde el ámbito institucional con el objetivo de frenar el fracking en la región de Murcia y en la cuenca del Segura”.

‘Cuenca del Segura Libre de Fracking’ es una plataforma ciudadana, formada por vecinos de los diferentes municipios de la cuenca del Segura (Murcia, Albacete, Alicante) afectados por la concesión de permisos de prospección.

La Plataforma cuenta con el apoyo hasta ahora de más de 20 organizaciones sociales, sindicales y políticas, entre las que se encuentran Ecologistas en Acción-Región Murciana, Asociación para la defensa de la Naturaleza "Caralluma", Foro Ciudadano, UPA (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos), PSOE-PSRM, IU-Verdes, Equo, Izquierda Anticapitalista-Murcia, Asociación Levantina de Defensa Ambiental (ALDEA), Plataforma El Cabezo Libre de Petróleo (Pinoso), Ateneo de la Villa-Club Atalaya de Cieza, Ateneo de la Villa de Archena, Asociación Medioambiental Rio Rie, ACPES –Asociación para la Conservación Piscícola y de los Ecosistemas Acuáticos del Sur–, CLI-AS Construyendo la Izquierda. Alternativa Socialista, ANIDA (Asoc. Naturalista para la Investigación y Defensa del Altiplano), Greenpeace, La Intersindical, Comisiones Obreras (CCOO), Asociación Naturalista de Jumilla STIPA, Asociación Amigos de Jumilla, Ingeniería Sin Fronteras-Murcia, Federación de Asociaciones de la Sierra del Segura.

El equipo de Cámara ya vota contra sus propias promesas electorales

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Nada presagiaba que el Partido Popular fuera a llevarse una sorpresa en el último Pleno antes de las vacaciones, que para algunos estaba llamado a ser tranquilo y rápido. La falta de memoria o de costumbre no les hizo sospechar a los concejales del PP que está vez la moción presentada por el grupo socialista para la puesta en marcha de un festival de teatro estival era suya, en realidad: “Textualmente de la página 51 de su propio programa electoral para las elecciones del 2011”, recordó la concejala socialista Andrea Garries, quien defendió la moción. Una copia de la página le fue ofrecida al concejal Rafael Gómez, quien rehusó recogerla con un gesto de mano.

Nacho Tornel, concejal de Izquierda Unida, propuso interactuar con otros municipios en la programación cultural y planteó una pregunta: “¿Por qué no colaborar con La Mar de Músicas?”. Tanto Tornel como Serna, portavoz de UPyD insistieron en la necesidad de estudiar cuál es la mejor opción para el municipio de Murcia.

Ante el aluvión de iniciativas, el concejal de Turismo (y Deportes), Miguel Cascales, decidió intervenir para volver a deleitar a los presientes con un circunloquio sobre las distintas reuniones que se han ido realizando. “Todo se verá –dijo Cascales– en el próximo plan de dinamización en proceso de elaboración por ambas universidades de Murcia”.

Finalmente la mayoría del PP aprobó su propia moción genérica para “el fomento cultural sin mayor incidencia en época estival”.

Beniaján, 20 años sin piscina municipal

“Empieza a ser una leyenda su no construcción”. Con esta frase, la concejala Garries hizo un repaso por el recorrido de lo que se planteó en su momento como una necesidad de una pedanía de 11.000 habitantes cuya zona de influencia afecta a 35.000, para convertirse “en una promesa elección tras elección por parte del Partido Popular”.

Garries recordó la inclusión de la piscina en el plan de viabilidad de 2007. La redacción del proyecto costó unos 10.000 euros y su construcción estaba prevista en un plazo de 12 meses, algo que “generó ciertas expectativas en los vecinos en su momento”, dijo Garries. En 2010 no se ejecutó, pero se propuso un proyecto más amplio con “dos piscinas, siete pistas de pádel, solárium, ludoteca, cafetería, 400 metros para practicar atletismo…”. Después de las elecciones del 2013 se dio “carpetazo definitivo a estas promesas sin dar ningún tipo de explicación”.

Tras la argumentación de la concejala socialista, se solicitó en la moción un informe para un pronunciamiento sobre los daños y perjuicios causados al interés público de los vecinos.

Nacho Tornel recordó que el Tribunal de Cuentas habló del agravio comparativo que sufre esta pedanía con respecto a otras que sí disponen de un centro deportivo y una piscina. Recordó que no es una cuestión de falta de medios, puesto que la antigua Condomina se ha puesto al servicio de una universidad privada para convertirse en una instalación deportiva. “Un trueque del que desconocemos las bases del acuerdo”, recordó el concejal de IU-Verdes.

José Cosme Ruiz, edil del PP encargado de Patrimonio y Contratación, respondió con un escueto: “El informe ya se ejecutó y fue emitido”.

En su respuesta, Garries mencionó que no existe como tal ese informe con los criterios marcados por el Tribunal de Cuentas y volvió a denunciar la situación de marginación que viven los vecinos de la Costera-Sur.

Como vecina de Beniaján, la concejala del PP Carmen Pelegrín se vio obligada a intervenir para cuestionar los argumentos de la concejala socialista y reprobar su comportamiento. “Beniaján se muere para cuatro socialistas”, espetó. Obviamente, la mayoría popular rechazó la moción.

La transparencia aterroriza al PP

El portavoz socialista, Pedro López, defendió una moción para publicar en la web del Ayuntamiento el registro de bienes y actividades de todos los miembros de la Corporación y poner en marcha un sistema de retransmisión de plenos para que sean consultados por cualquier ciudadano. “Los ciudadanos nos requieren otra forma de hacer política. Estamos obligados para recupera la confianza”, manifestó López, quienr reiteró la necesidad de efectuar estas medidas inmediatamente aunque la ordenanza se esté trabajando por el servicio jurídico del Ayuntamiento.

El grupo popular rechazó la moción sin un posicionamiento claro respecto a las propuestas planteadas por el socialista. Informó de “la adaptación de la ordenanza aprobada por la Federación de Municipios desde el punto de vista técnico” a través de una moción alternativa y esquivó posicionarse respecto a los puntos concretos de la moción del grupo socialista.

El pueblo palestino, el Estado de Israel y otras publicaciones

El grupo de IU-Verdes, que asistió al Pleno con camisetas de “Todos somos Gaza”, llevó una moción de quince puntos para mostrar una declaración de rechazo absoluto al “genocidio del pueblo palestino y acabar con la complicidad de nuestros gobiernos”.

Tanto el portavoz socialista como el de UPyD condenaron está guerra, pero manifestaron que por la complejidad de la situación la moción tenía un carácter “demasiado extenso”. Finalmente la concejala Esther Herguedas no planteó ninguna oposición en suprimir algunos puntos de la moción.

Sin embargo el Partido Popular prefirió plantear su propia moción de “rechazo a cualquier manifestación de violencia” e incluyó el cese del conflicto bélico en Ucrania.

Mientras tanto, casualmente o no, el concejal Cosme Ruiz mantenía en su escaño a la vista de todos el libro titulado “Mentiras de la Historia”, escrito por César Vidal. Se desconoce la razón.

La elección del alcalde

La moción alternativa viene siendo el recurso más practicado por el Partido Popular para evitar posicionarse y votar sobre las propuestas que plantean los distintos grupos de la oposición. Sin embargo, en el Pleno de ayer, la concejala Herguedas retiró su moción tras un intenso debate en el que los grupos de la oposición manifestaron su rechazo a “la elección del alcalde por la lista más votada” por vulnerar los principios de proporcionalidad. Y a cualquier reforma electoral en la que un partido político con el 25% de votos pueda gobernar con mayoría absoluta.

Ese giro en el momento de la votación se debió nuevamente a una moción alternativa presentada por el PP en la que hacía referencia al artículo 140 de la Constitución y a una apuesta por una reforma electoral que está barajando el Gobierno de Mariano Rajoy.

Ambas mociones quedaron sin ser votadas, algo por lo que tampoco mostró el PP mucha preocupación.

Murcia está sucia

Dos posturas muy distintas se escucharon en el Pleno sobre el estado en el que se encuentra el municipio en cuanto a limpieza se refiere. La concejala socialista Mar Rosa llevó la moción en la que puso de relieve el malestar de vecinos y comerciantes sobre el nuevo sistema de limpieza conocido como el “soplido”. Rosa pidió intensificar el control sobre la empresa encargada de la limpieza –Cespa–, que genera “un coste anual de 56 millones de euros para el municipio”.

La portavoz popular, Nuria Fuentes, calificó de demagógicos los argumentos de la concejala socialista y manifestó que la ciudad de Murcia “está limpia”. Finalmente, el PP rechazó con sus votos la moción y las fotos que esgrimió la concejala socialista para documentar su petición.

El funcionamiento de los dos aeropuertos en Murcia aumentaría el PIB turístico en 1.800 millones de euros

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Según el estudio “Análisis de los beneficios económicos para la Región de Murcia asociados a la apertura del Aeropuerto Internacional Región de Murcia”, llevado a cabo por la consultora Deloitte a encargo de la Cámara de Comercio de Murcia, el simultáneo funcionamiento de los dos aeropuertos de Murcia podría suponer un aumento del PIB turístico de aproximadamente 1.800 millones de euros durante los 10 primeros años.

De esta forma, los aeropuertos de San Javier y el nuevo Aeropuerto internacional de la Región de Murcia (AIRM) en Corvera incrementarían el PIB turístico en un 6,6%, así como la creación de más de 4.000 empleos contando tanto directos como indirectos lo que supondría un impacto en la Hacienda Pública entre los 325 y los 350 millones de euros.

No obstante, la investigación también ha revelado que en el caso de que el AIRM no estuviese operativo, las cifras serían muy diferentes, con un aumento del PIB turístico cercano a los 600 millones, esto es, un incremento del 2,2%. En este caso tampoco tendría lugar la creación de empleo y el impacto en la Hacienda Pública se cifraría en torno a los 108,5 millones de euros.

Asimismo, a esto habría que añadir la mejora competitiva de Murcia como destino turístico a través de la creación de una mayor y más variada oferta de rutas hacia países emisores alternativos a los tradicionales que recibe la región durante los últimos años, con turistas procedentes de países fuera de Europa y que requieren una visa Schengen para circular entre los países integrantes con seguridad, incluyendo España. Igualmente, ha contribuido la mejor oferta de precios de los vuelos con destino u origen en la Región de Murcia, consolidando de esta manera el turismo de sol y playa de la provincia.

De esta forma, la puesta en marcha del nuevo aeropuerto es una pieza clave en el desarrollo turístico de la Región, y que supondrá un importante impulso económico, especialmente en el ámbito laboral.

La Región afronta un fin de semana tórrido con temperaturas de hasta 38 grados

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) amplia a casi toda la Región la alerta amarilla por temperaturas de hasta 38º este fin de semana, según la información publicada en su web.

En concreto, estas temperaturas se alcanzaron ayer en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, Vega del Segura, Altiplano y Noroeste desde las 14.00 hasta las 20.00 horas.

Igualmente, para este sábado está previsto que las temperaturas puedan llegar a los 38 grados en Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y Vega del segura y hasta los 36 grados en Campo de Cartagena y Mazarrón, entre las 13.00 y las 19.00 horas.

Por ello, también este sábado hay nivel de riesgo amarillo para esas zonas durante la referida franja horaria.

Para evitar problemas en la salud relacionados con el calor, desde el Centro de Coordinación de Emergencias se recuerda la necesidad de beber agua con frecuencia, sin esperar a tener sed, procurar que lo hagan niños, ancianos y personas enfermas y no consumir bebidas alcohólicas.

Además de permanecer en lugares frescos, evitar salir a la calle en las horas de más calor y las actividades deportivas y disminuir la actividad física en las horas centrales del día. Tampoco quedarse ni dejar a nadie ni a mascotas en el coche con las ventanillas cerradas.

Reclaman que se limpie la acequia de Raal Viejo en Llano de Brujas

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Murcia José Zapata defenderá una moción en el Pleno de este mes pidiendo al PP local que inste a la Junta de Hacendados a limpiar y acondicionar la zona de la acequia de Raal Viejo, desde Los Sifones hasta el campo de fútbol e instituto de la pedanía de Llano de Brujas. Se trata de un rincón tradicional de la Huerta de gran valor medioambiental, con flora y fauna protegidas, que, según Zapata, requiere de una puesta en valor por parte del Ayuntamiento.

No es la primera vez que los socialistas piden la limpieza y acondicionamiento de esta zona. En concreto, el vocal del PSOE en la Junta Municipal de Llano de Brujas, Juan Jiménez Tovar, alertado por los vecinos, solicitó en el Pleno del pasado mes de diciembre la limpieza de esta acequia, situada frente a un jardín, “por donde pasean las ratas; un colegio y un grupo de viviendas por donde se cuelan las culebras, debido a la suciedad acumulada. Tras esta petición, la Junta de Hacendados limpió la zona, pero su falta de mantenimiento ha provocado que, en pocos meses, todo siga igual de sucio y abandonado”.

En este sentido, el edil del PSOE volverá a reclamar una limpieza a fondo y su acondicionamiento inmediato, así como su posible inclusión en el pliego de condiciones de la limpieza de jardines, ya que la zona es contigua a un jardín de la pedanía; especialmente el tramo mencionado con anterioridad, “ya que se está convirtiendo en una especie de ‘selva’ debido a la altura que alcanza el cañizo, donde además se acumula basura y restos de botelleo, lo que contribuye a la aparición incesante de insectos, roedores y hasta serpientes”.

Por último, Zapata pedirá al Gobierno local que intensifique la vigilancia por parte de la policía local en la zona de la acequia para controlar el botelleo y que se habilite una senda verde desde los Sifones hasta el campo de fútbol y el instituto. 

Proponen recurrir a fondos europeos para el plan contra las inundaciones en Molina

El PSOE de Molina de Segura llevará al Pleno una moción en la que reclamará a los gobiernos de la Región y de España que acudan a los fondos de la Unión Europea para financiar el proyecto de defensa y prevención contra las inundaciones en la localidad. El proyecto está valorado en 10 millones de euros y estancado en el Ministerio de Medio Ambiente desde hace más de diez años. El portavoz socialista, Antonio Gomariz, recuerda que la Unión Europea “sí da prioridad a la defensa contra las inundaciones, a través del Programa LIFE”.

Gomariz alude al programa de trabajo plurianual de LIFE 2014-2017, cuya convocatoria está abierta hasta el próximo mes de octubre, y que permite presentar solicitudes de financiación de proyectos relacionados con el agua, las inundaciones y la sequía; y concede prioridad, entre otros, “a proyectos que promuevan la gestión de los riesgos de inundaciones y sequías”.

Por su parte, el alcalde, Eduardo Eduardo Contreras, ha vuelto a recordar que esta cuestión será el asunto principal que planteará al presidente de la Comunidad Autónoma, Alberto Garre, durante la visita que en breve realizará a Molina. Hasta la fecha, el Consistorio no ha contemplado la posibilidad de financiar con fondos propios las obras, pero la inacción de las administraciones regional y estatal ha provocado que el Ayuntamiento estudie esta opción.

Para ello también debe pedir permiso al Gobierno central, debido a las exigentes condiciones que pone a través del techo de gastos. El Consistorio cerró el último ejercicio con superávit y podría destinar parte de su remanente positivo de tesorería a financiar este plan contra las avenidas. No obstante, en aras de respetar el proceso de presupuestos participativos, el regidor ha adoptado el compromiso de consultar antes a la junta de participación ciudadana.

El PSOE lleva a los tribunales el cobro por acceder a las playas de Calblanque

El PSOE denunció ayer en los juzgados el cobro de los aparcamientos en Calblanque por parte de una empresa privada. El diputado regional Joaquín López indicó que la autorización a la Entidad para la Custodia del Territorio del parque natural para cobrar 4 euros a los vehículos que estacionen en ese aparcamiento se hizo “sin conocer el procedimiento, sin publicidad y sin transparencia”. Subrayó que la medida tampoco cumple con las normas de tratamiento especial que debe tener ese parque regional respecto a los usos que se pueden realizar en él.

Se trata, según dijo, de una entidad privada que asume, con intereses que se desconocen, la gestión de un espacio público que, en su opinión, debería gestionarse desde las administraciones públicas y con “transparencia” y procesos de libre concurrencia para prestar ese servicio. En su opinión, esta es una muestra más de cómo “el PP hace del medio ambiente su cortijo particular y toma decisiones por encima de la ley” y sin tener en cuenta la sensibilidad y las características de la zona.

Por su parte, el secretario de Coordinación de políticas sectoriales, sostenibilidad y ordenación del territorio del PSOE, Enrique Ayuso, calificó de “precipitado, irregular, fuera de todo procedimiento reglado” la vía seguida para gestionar el aparcamiento. A su juicio, el cobro de la tasa no supondrá ningún avance en la protección de la zona, sino que es una muestra de la “debilidad y el desinterés” del Ejecutivo regional a la hora de defender ese espacio protegido, ya que “delega en otros” el control de los accesos.

Luis Babiano: “Se está creando otra burbuja con el agua”

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Luis Babiano es el actual gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), que se constituyó en 2009 en la Diputación Provincial de Córdoba con el objetivo de promocionar la gestión pública del agua, basándose, entre otros, en los principios de participación ciudadana, la responsabilidad social corporativa de las empresas, la protección de los recursos naturales y la solidaridad. Desde el año 2010, Babiano se encarga de la coordinación de todos los proyectos de AEOPAS y del control económico de la asociación. Anteriormente, ejerció como asesor del Ministerio de Medio Ambiente y fue responsable del área de Sociedad y Territorio del Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua (CENTA).

¿Cómo están afectando las políticas del Gobierno al agua urbana?
Los principios neoliberales practicados por el Gobierno central se están traduciendo en un marco legislativo que favorece al sector privado y pone en serio peligro a los servicios públicos. La Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local es una buena prueba de ello. La ley entorpece el desarrollo actual de las empresas públicas existentes y las reconduce al dictado de los mercados. La gestión no debe ser únicamente económico-financiera; tiene que ver con la transparencia y la construcción de sociedad. Existen 1.134 empresas públicas municipales en España, las cuales generan actualmente 75.321 puestos de trabajo y un paquete económico de más de 8.151 millones de euros. Este primer análisis desveló que la aplicación de la ley podría suponer la disolución de 585 empresas, con una pérdida de más de 30.000 empleos y una cifra de negocio de más de 3.075 millones de euros. Por otro lado, tenemos la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera a los Ayuntamientos. Esta norma limita el nivel de deuda y déficit público para las administraciones y está acelerando aún más las privatizaciones. Me explico: en el año 1996, el 63% de la población española estaba abastecida por sociedades públicas, en 2005 el 52% mantenía el carácter público, en 2010 los porcentajes se invierten: 47% público y 53% privada y en 2014 el 57% serán privadas.

En el caso del agua ¿cómo repercute todo esto?
El agua es un monopolio natural y un derecho humano que no debe regirse por las leyes de mercado. En España el agua urbana gestionada desde lo público es aproximadamente el 47% y el otro 53% está en manos privadas. A su vez, ese sector privado está controlado en un 90% por dos empresas, Agbar (perteneciente al grupo francés Suez) y Aqualia, de la constructora FCC, con lo que en la práctica la competencia no es tal. Hoy en día, la entrada del sector privado en la gestión del agua conlleva, en la mayoría de los casos, el pago de un canon no finalista a los ayuntamientos, dinero que no revierte al servicio de aguas, a cambio de la cesión de la gestión del agua por un determinado plazo de tiempo, y unos precios del agua que se incrementan tomando como referencia unas determinadas fórmulas de actualización. Es decir, en España se privatiza el agua, no para mejorar los sistemas, sino para obtener dinero para pagar nóminas, pagar a proveedores o finalizar las rotondas. Pero el dinero sale del bolsillo de todos los ciudadanos. Toda privatización en agua se repercute en la factura que pagamos y sin ser informados ya que el canon concesional (el dinero que las empresas privadas pagan al Ayuntamiento por la concesión del servicio del agua por un periodo determinado de tiempo, generalmente 25 años) no aparece en la factura como tal.

¿Son solventes los modelos públicos?
Retomando la cuestión de la eficacia en la gestión, un reciente estudio llevado a cabo por el Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada ha comparado la eficiencia de la gestión entre 28 sociedades púbicas y 24 ámbitos (municipales o supramunicipales) con gestión privada, todas ellas ubicadas en Andalucía. El citado estudio concluye que las empresas públicas son más eficientes que las privadas y añade que uno de los motivos puede ser la laxitud en el control de la actividad del operador privado por parte de las administraciones públicas. Estamos creando una nueva burbuja. Se acabó el ladrillo y hace falta dinero. Los Ayuntamientos y alguna comunidad autónoma, como es el caso de Catalunya con Aigües Ter Llobregat, tienen que hacer frente a gastos, inversiones y compromisos sin fondos. La solución que proponen es vender aquello que vale dinero, que es eficiente. Los servicios de agua son la última joya. Los municipios consiguen dinero y se quitan de encima el mantenimiento del personal, las obligaciones de gestión y la responsabilidad de subir las tarifas. Las empresas se hacen con un mercado sin competencia local y con un usuario seguro y permanente dado que los recibos del agua tienen una garantía de cobro de entre el 97% y el 99%.

¿Esto también generará conflictos entre las empresas y los ayuntamientos?
Claro, la privatización es costosa para el ciudadano, que ve incrementada su tarifa. Además, medioambientalmente es insostenible, ya que a mayor consumo de agua, mayor es el beneficio (como ponen en evidencia las quejas de Agbar por el descenso en el consumo durante la sequía que sufrió Cataluña en 2007); oscuro (no existen órganos reguladores, ni indicadores de calidad de gestión, ni estadísticas fiables); y supone una auténtica pérdida del control de las administraciones, que a veces se ven abocadas a renovar los servicios sin licitación pública. Situaciones parecidas a éstas han hecho que en muchas ciudades europeas como Grenoble, París o Berlín hayan recuperado la concesión.

¿La privatización es una tendencia?
A escala mundial, sólo el 10 por 100 de las 400 ciudades más grandes del mundo tienen privatizado el suministro de agua; en el 90% es público. Es más, la tendencia mundial es la remunicipalización de los servicios. Más de 100 ciudades han remunicipalizado en el mundo entre los años 2000-2014 y en todos los continentes. En Estados Unidos destacan Atlanta e Indianapolis; en Europa, París, Berlín o Budapest y en los países del sur, Buenos Aires, La Paz, Johannesburgo, Dar-es-Salaam, Accra, Almaty, Kuala Lumpur… La remunicipalización es ya un fenómeno global.

Hablas de París. ¿Qué ventajas tiene este rescate?
En la capital francesa el recibo bajó un 8% durante el primer año y se obtuvieron beneficios de 35 millones de euros. Además, no están permitidos los cortes de agua para las familias que no puedan pagar, se han creado nuevos servicios y se ha logrado que con la empresa pública haya una gestión más democrática y participativa, con personal, usuarios y asociaciones ciudadanas en el consejo de administración.

¿Qué casos de remunicipalización hay en España?
En España la remunicipalización es también un hecho. Hay casos como los de Torrelavega, Ermua, Arteixo, Manacor, Medina Sidonia, Arenys de Munt, Lucena o los 22 pueblos de la provincia de Sevilla agrupados en Aguas del Huesna. Siempre con un servicio mejor y con la prioridad de la accesibilidad del agua a todos los ciudadanos y ciudadanas. En la sociedad Aguas del Huesna se encuentra quizá el origen del movimiento remunicipalizador en España. Son 22 municipios sevillanos, con unos 300.000 habitantes en su conjunto, que decidieron dar marcha atrás en el proceso privatizador que se les había planteado para asegurarse el suministro del agua en 1994. Aquella privatización acabó en un mejunje de sobrecostes en las inversiones proyectadas y de incumplimientos que en 2007 derivó en un expediente de rescate de la concesión y en la puesta en marcha de una empresa pública que se encarga de abastecer agua a esos municipios. El mayor tiene 50.000 habitantes; el menor, apenas 300. En Torrelavega (con 54.827 habitantes), el llamado 'escándalo del agua' surgió al detectar los técnicos municipales irregularidades en la gestión de la empresa mixta, concretamente durante los ejercicios de 1999 y 2000. En 2011 quedó resuelto el proceso administrativo, con el respaldo judicial a la decisión del pleno de la Corporación de rescisión del contrato entre el Ayuntamiento y Aqualia (FCC), la empresa privada que tenía entonces el 51% de las acciones de la sociedad responsable de la gestión del agua en el municipio (Aquator). Los delitos que se imputan tienen que ver con la presunta manipulación de caudalímetros, la contratación irregular de empresas filiales para distintos trabajos y el desvío de compras de carbón activo para otros municipios, principalmente. En el caso de Medina Sidonia, un municipio de Cádiz que en 2003 decidió crear su propia empresa pública –hoy denominada Medina Global– para gestionar el abastecimiento del agua, el factor precio fue importante. Pero desde que se recuperó la gestión pública, en el municipio no ha habido cortes de agua, ni siquiera con la irrupción de la crisis económica. La propia página web de la empresa Aguas de Medina señala que la decisión de remunicipalizar “fue tomada con una firme voluntad de mejora del servicio en todos sus aspectos, así como de repercutir directamente los beneficios generados en el municipio”. El modelo de Medina también a inspirado a ciudades como Lucena, en Córdoba, que recientemente ha remunicipalizado el servicio y aplica los valores del derecho humano al agua siguiendo las recomendaciones de la ONU. Un modelo de gestión que pronto también gozarán los ciudadanos y ciudadanas de Priego de Córdoba, según acaban de anunciar sus responsables políticos. Desde Aeopas pensamos que la bajada de tarifas o la eficiencia del servicio público no deben ser los únicos factores a la hora de decidir la reversión de una concesión. La accesibilidad y la garantía de servicio, junto con la trasparencia y la participación pública de la gestión pública tienen que estar en la base del modelo. Es decir, tener en cuenta a los más necesitados y acercar la gestión del agua a la sociedad.

¿Cual es el principal obstáculo que tienen los municipios para llevar a cabo este proceso de remunicipalización?
Hasta ahora, las privatizaciones han tenido un claro objetivo: la financiación extraordinaria que consiguen con ello las Administraciones y restar gasto corriente a sus partidas presupuestarias. En esos mismos argumentos se encuentran ahora los problemas para desprivatizar la gestión del agua, con las arcas municipales padeciendo la crisis con una reducción de ingresos. El rescate se puede pedir, pero implica devolver la cantidad del canon concesional e incluso pagar una indemnización por lucro cesante. Y eso es un imperativo económico que es difícil de superar. No obstante existen otros muchos factores; la gestión privada significó laxitud en el control por parte del los ayuntamientos en el control del privado y muchos ayuntamientos no conocen nada del ciclo urbano. Ese desconocimiento hace que muchos de nuestros responsables públicos tengan auténtico pánico a decidirse por remunicipalizar. En este sentido desde AEOPAS estamos asesorando a muchos ayuntamientos para que puedan llevar la remunicipalización de forma exitosa. Pero es indigno que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) no aborde el tema; que cierre sus puertas a los municipios que quieren remunicipalizar.

¿En qué sentido?
En el sentido que la FEMP debería de convertirse en el centro del debate y debería de disponer de unos mecanismos mínimos para poder asesorar a los ayuntamientos que deciden tomar esta decisión. Por ejemplo, la FEMP podría haber firmado un convenio con los operadores públicos para crear un manual de cómo remunicipalizar… cosas mínimas pero vitales. Frente a esto la FEMP ignora a los municipios que remunipalizan y está sumisa a las posturas neoliberales impulsadas desde el Gobierno central… son sepultureros del municipalismo.

¿La Región de Murcia cómo está situada en el proceso?
La Región es una de las más privatizadoras. En general, en los últimos veinte años, hemos vivido un desmantelamiento silencioso de los servicios públicos municipales. La cifra es escalofriante más del 85% de los servicios de agua y saneamiento están en manos privadas. Las consecuencias son claras: es un sistema oscuro, como por ejemplo, incluso las quejas, cuando se han eliminado instancias como el Defensor del Pueblo de la Región, se están tramitando únicamente a través de las empresas privadas. Es muy costoso. Sólo tenemos que ver los numerosos informes sobre el precio del agua y comprobar cómo los municipios de la Región tienen los precios más altos del país. Es un proceso “excluyente” que convierte el agua en sólo mercancía; la crisis ha evidenciado que en aquellos lugares donde se ha privatizado los márgenes de actuación social han sido muy reducidos. Por ejemplo, la crisis evidenció que muchísimos ciudadanos no podían pagar el agua. Frente a esto, los municipios que han privatizado han sido incapaces de declarar un “minimo vital” (unos 100 litros/habitantes/día) en sus reglamentos; han seguido cortando el suministro; provocando desahucios hídricos, desahucios invisibles sin dictamen de los servicios sociales o de los juzgados y, en plena crisis, han permitido que las empresas privadas sigan subiendo el agua y contribuyendo al empobrecimiento de las rentas familiares.

¿Y en remunicipalización?
El actual sistema municipal de la Región está herido de muerte. Sólo hay que recordar que existen 40 causas por corrupción abiertas en una región de 45 municipios; en unas circunstancias como estas, la remunicipalización no sale de ese ámbito. No obstante, el concepto de remunicipalización está muy presente en la Región gracias a la sociedad civil; una sociedad civil que está introduciendo el tema en la agenda política. En las próximas elecciones veremos numerosas formaciones que incluyan de manera clara la remunicipalización del agua en sus programas. 

¿Qué presencia tiene este activismo en Murcia?

En la ciudad de Murcia la Asamblea Agua Pública 100% Región Murciana, integrada por más de 25 organizaciones, se ha concentrado ya varias veces con el lema #Remunicipalización. Con estas acciones han reivindicado que el agua es un bien común y un derecho humano con el que no pueden especular. El agua no es una mercancía. Desde esta Asamblea se tiene claro que la ciudadanía debe recuperar el control democrático de sus servicios municipales de aguas. Que es la única forma de poner a disposición de las necesidades colectivas un bien indispensable para la vida como es el agua. Solamente el agua será un bien común bajo la gestión cien por cien pública y el control ciudadano. De esta forma no habrá cortes de agua a las familias golpeadas por la crisis y el desempleo, las tarifas del agua dejarán de incrementarse artificialmente y se construirán como tasas y no como precios. Además cada vez los colectivos sociales tienen claro que el agua es un motor de democracia. También ha habido debates importantes en Santomera, Lorca, Las Torres de Cotillas. No obstante, es en La Unión donde la oposición al modelo privatizador es mayor. Su privatización implicó una fuerte subida del recibo y una fuerte oposición social. Recientemente el Tribunal de Cuentas indicó que el servicio se adjudicó indebidamente a Acciona, cuya oferta incumplía en diversos aspectos el pliego de condiciones, debiendo haberse declarada desierta la licitación. Ahora que se acercan unas elecciones municipales las organizaciones sociales forzarán este debate y le dirán a los diferentes grupos políticos que quieren que los servicios de aguas de La Unión, o Murcia, vuelvan a manos públicas como han hecho las principales ciudades de Europa. 

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